Días antes del 24 de marzo, cuando se cumplieron 42 años del inicio de la dictadura cívico militar, se conoció que el
Servicio Penitenciario Federal había armado una lista con 1.111 detenidos que estarían en condiciones de tener prisión domiciliaria, entre ellos, genocidas y represores condenados por delitos de lesa humanidad. Uno de los señalados es
Alfredo Astiz.
En medio de la polémica, la exintegrante de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP),
Graciela Fernández Meijide, dijo en radio La Red que Astiz le sigue
"provocando la misma reacción de siempre, al mismo tiempo mal nos hubiera ido luchando por el respeto a los DD.HH si no consideráramos quer todos, incluso nuestro peor enemigo tiene derecho a eso".
Fernández Meijide sostuvo que el genocida debería tener la prisión domiciliaria porque "a determinada edad o con enfermedades terminales deja de ser una condena con crimen, pasa a ser casi venganza mantener una persona en prisión. Por mí deberían mandarlo a su domicilio con prisión domiciliaria, con lo que corresponde que es la pulsera electrónica y que pudiera atenderse y eventualmente estar cuidado por la gente que designe él mismo o su familia".
Tras estas polémicas declaraciones, la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo,
Hebe de Bonafini, arremetió contra Fernández Meijide, quien
"siempre fue muy retorcida" y aseguró que
a la exministra de Desarrollo Social "no le importó su hijo como a una madre, ella quiso encumbrarse en la política, tener un ministerio, eso le importó, escaló a partir del hijo, pero no porque le importe”.
La exfuncionaria de Fernando De La Rúa aseguró que ella se "banca" que
"salga la persona que secuestró a mi hijo, ¿por qué no me lo voy a bancar? Si me banqué que fuera constitucional la obediencia debida, con lo cual suspendieron todos los juicios, si me banqué que Carlos Menem diera los indultos, estuve en contra pero el asunto es ¿qué hacemos, vamos contra la ley?".
