06.04.2018 / Grave

El procurador interino de Macri desplazó al fiscal que investiga el autoperdón de $70 mil millones de Macri

Eduardo Casal, el hombre puesto a dedo por Cambiemos como jefe de los fiscales tras la persecusión y la salida de Gils Carbó, decidió revocar la designación de Juan Pedro Zoni en la Fiscalía Federal 8, para enviarlo en 10 días a una dependencia correccional porteña. Se trata del funcionario judicial que investigaba a la familia presidencial por el escándalo del Correo gate.



A veces, los hechos políticos escandalosos no pueden ser explicados de mejor manera que a través de escandalosas y repetitivas frases: Eduardo Casal, el procurador interino puesto a dedo por el presidente Mauricio Macri tras la salida de ese cargo de Alejandra Gils Carbó por ser acusada de poner fiscales a dedo, revocó a dedo la designación en la Fiscalía Federal 8 del funcionario judicial que investigaba el perdón de $70 mil millones de Macri a los Macri en el caso conocido como Correo gate.

Casal decidió acabar la designación de Juan Pedro Zoni, a cargo de investigar el escándalo del autoperdón del gobierno de Macri a la empresa gestionada por el Grupo Macri, en la fiscalía federal 8 y lo trasladó a la fiscalía correcional 34 de la Ciudad de Buenos Aires, dependencia a la que deberá ir en sólo 10 días, para el 16 de abril

Lo hizo a través de la resolución 69/18, con lo que acabó con otra resolución firmada por su antecesora, Gils Carbó, así como con el trabajo de Zoni en Comodo Py, donde investigaba a la familia presidencial, entre otras causas.

Deberá asumir en la mencionada dependencia correcional hasta que se habilite la Fiscalía 2 de Santiago del Estero, que será su destino final de trabajo.

En junio del año pasado, Zoni había ampliado la acusación contra el líder PRO y su ministro de Comunicación, Oscar Aguad, en la causa por el acuerdo firmado entre el Poder Ejecutivo y la empresa Correo Argentino S.A, propiedad de Franco Macri, por el cual se le condonaba una parte importante de la deuda que mantiene con el Estado.

En aquella oportunidad, el funcionario judicial ahora desplazado había presentado un nuevo dictamen ante el juez federal Ariel Lijo, a partir de datos que detectó su colega del fuero comercial Gabriela Boquin sobre presuntas maniobras de vaciamiento del Correo.