La Cámara Nacional Electoral firmó un particular convenio con la organización Argentina Debate para que explote justamente el desarrollo y puesta en escena de los debates presidenciales, en especial el del año entrante. Después de una actuación estelar de Macri en 2015, los principales promotores de AD terminaron convirtiéndose en funcionarios del Gobierno de Cambiemos.
Después de la sanción de la ley 27.337 que llevó a la modificación de distintos artículos del Codigo Nacional Electoral se selló la obligatoriedad de los debates presidenciales.
Teniendo en cuenta la experiencia 2015, los jueces Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera firmaron el convenio de colaboración con Argentina Debate a fin de cumplir la ley.
En el 2015 el presidente de AD era Hernán Charosky quien dejó la función para convertirse en uno más del
gabinete de Horacio Rodríguez Larreta en la alcaldía de Buenos Aires. Está al frente de la subsecretaría de la Reforma Política de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que depende del ministerio de Gobierno, a cargo de Bruno Screnci Silva.
También integra la ONG de los debates
Fernando Straface, también cofundador del CIPPEC. Straface reemplazó nada más y nada menos que a Marcos Peña como secretario general del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Otro de los integrantes que cambió de rol fue
Eduardo Levy Yeyati, economista y director titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior. Intelectual que pedía el voto a Cambiemos, preside el CIPPEC, dirige la consultora Elypsis, trabajó en el banco de inversión Barclays, y asesora al Banco Mundial, al BID y al FMI.
Pero los lazos entre Argentina Debate y el Gobierno de Cambiemos van más allá, ya que en 2016 el encargado de presidir fue
Octavio Bordón uno de los más interesados porque se lleve adelante el debate, al poco tiempo
pasó a ser embajador en Chile en representación del Estado argentino.
En 2017 le llegó el turno a los financistas de la campaña 2015:
Ivana Karina Román asumió la máxima autoridad de Argentina Debate. La hija del reconocido empresario portuario y de transporte de grúas Alfredo Alberto Román y presidenta de Puerto Asís Argentina SA, una de las tres principales empresas del Grupo Román.
La empresa familiar de esta impulsora del debate aportó $1,5 millones para la campaña de la alianza Cambiemos, quedando en el segundo lugar de la lista de aportante solo por detrás del propio Mauricio Macri.
El presidente de la CNE Alberto Dalla Vía firmando el convenio junto a Karina Román de AD
Otros dos empresarios públicamente PRO friendly que fueron parte del armado del debate son
Juan Pablo Bagó, director de Laboratorios Bagó, y Marcos Galperín, presidente y CEO de MercadoLibre. En el caso de Bagó, en marzo de 2015 contribuyó con $50 mil para comer con Mauricio Macri, candidato de Cambiemos, en la cena de recaudación de campaña organizada por el PRO en el Salón Amarillo del predio palermitano de la Sociedad Rural. Galperin, por su parte, es nombrado por el Presidente como "el emprendedor modelo".
Según relataron, en el texto del convenio la CNE faculta al Consejo de Administración de Argentina Debate -que encabeza Román- a
“elaborar el reglamento de los debates, la elección del nombre del evento, los días y lugares de realización de ambos debates tanto en la Capital Federal, como en una capital de provincia, la temática de los debates, cuales serán los ejes de prioridades para el desarrollo del mismo, la dinámica de los debates, la duración de los mismos, y los sorteos previos al debate”.
De todos modos no son las únicas atribuciones que la Cámara le concedió a Argentina Debate ya que
también tendrán la posibilidad de convocar por su cuenta a los candidatos, representantes partidarios, medios de comunicación, autoridades universitarias, “y toda otra entidad pertinente”.
Otro lazo que despierta la atención se centra en la propia Camara Nacional Electoral, ya que
el juez Santiago Corcuera es hermano de Javier Corcuera un exfuncionario porteño que estuvo a punto de recalar en el ministerio de Ambiente de Sergio Bergman pero su oscuro prontuario lo hizo quedar de lado.
El hermano del juez que firmó el convenio para privatizar los debates presidenciales actuó como moderador de las audiencias públicas en las que se debatieron los aumentos del gas y la luz. Cuando era funcionario del macrismo en la Ciudad, el propio Diego Santilli le instruyó un sumario por una denuncia de la ex Directora General de Planeamiento de la Agencia Ambiental.
Lo que queda claro con la decisión de la CNE es el polémico beneficio de monopolizar el control y armado de los debates presidenciales, de caracter obligatorio según la ley,
a un espacio que tras la llegada de Cambiemos al Gobierno pasó a tener a 6 de los 22 organizadores devenidos en funcionarios, a 3 que son parientes directos de actuales miembros del Ejecutivo y otros tantos que son empresarios amigos y hasta aportantes del PRO.
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