El Departamento de Estado nortamericano publicó su
informe anual sobre derechos humanos, en base al análisis de la situación que viven unos
200 países. En el caso argentino, se hizo foco en un
Poder Judicial "politizado", la impunidad de la que gozan los funcionarios en casos de
corrupción y una mención al proceso que encarará la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, así como una referencia a la desaparición y muerte de
Santiago Maldonado.
En el informe, el organismo norteamericano señaló que, en nuestro país, "
la ley establece sanciones penales por corrupción; sin embargo, múltiples informes alegaron que los funcionarios se involucraron en prácticas corruptas con impunidad, lo que sugiere una falla en la implementación efectiva de la ley. Instituciones débiles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado socavaron los intentos sistemáticos de frenar la corrupción".
El texto es utilizado por el Presidente estadounidense como información fundamental a la hora de reunirse con Jefes de Estado, así como también es clave para que las Naciones Unidas vean la evolución de los países en materia de derechos humanos. También, juega un rol protagónico a la hora de definir casos de asilo en el país del Norte.
En ese marco, en relación a las
políticas de DDHH, el informe hizo foco en las
246 muertes, en Argentina, en manos de la policía. Según señalaron, el dato se provino de una ONG no gubernamental "fiable" y
corresponde a 2016. El informe afirmó que
se recurrió a "la tortura por parte de autoridades federales y policías provinciales; condiciones penitenciarias duras y amenazantes para la vida; interferencia en la independencia del Poder Judicial; corrupción en todos los niveles del Gobierno; homicidios basados en género; trabajo forzado a pesar de los esfuerzos del Gobierno para combatirlo".
Respecto al caso que investiga la desaparición y muerte de
Santiago Maldonado, el organismo norteamericano resaltó que
"varias ONG alegaron que Maldonado fue desaparecido por la fuerza por las fuerzas de seguridad del estado, y los organismos internacionales de derechos expresaron su preocupación, mientras que el Gobierno afirmó que la investigación se había ralentizado por la falta de cooperación de la comunidad mapuche". Este caso, entendieron, alertó sobre los derechos de los pueblos originarios y
"volvió a prestar atención a las demandas de tierras de las comunidades indígenas".
