El Gobierno de Mauricio Macri tuvo una dura derrota en el Congreso durante la semana anterior cuando se aprobó un freno al tarifazo que fue rápidamente vetado por el propio Presidente. Ahora busca blindaje en la Justicia para evitar que se presenten amparos colectivos que pongan un freno al incremento en las tarifa y la batalla se traslada a tribunales.
Mediante el ministro de Ambiente Sergio Bergman, el Gobierno realizó la presentación que cuenta con el auspicio del Procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías para que se defina como "improcedente" cualquier tipo de recurso de amparo colectivo que se presente para frenar los tarifazos.
¿Por qué hace esto el Gobierno?, porque anteriormente ya sucedió que distintas organizaciones logren un freno parcial pero esta vez no quieren ni pasar por esa instancia. Más aún cuando el Centro de Estudio para la Promoción de la Igualdad y Solidaridad (CEPIS) quien presentó un pedido colectivo para tratar de frenar la suba.
El enroque judicial es que está en manos del juez Enrique Lavié Pico, acusado de favorecer al operador judicial macrista Daniel Angelici, a quien el Consejo de la Magistratura decidió investigar después de una reñida votación que se desató la última semana por iniciativa de Elisa Carrió.
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Ante este panorama se sumó el Colegio Público de Abogados de CABA quien
a través de su presidente Jorge Rizzo se presentó en lo Contencioso Administrativo y pidió que se rechace la acción del Estado Nacional. Rizzo acusó a Lavié Pico de ser un juez "que siempre falla para el Gobierno".
Según resaltó Perfil,
Rizzo pidió el rechazo in limine de la acción entablada por el oficialismo que, sostuvo, “persigue, lisa y llanamente, establecer un “cepo judicial” que impida el dictado de medidas cautelares contra el Estado Nacional, en todo el territorio de la Nación, lo que genera un perjuicio que se proyecta hacia todos los legitimados colectivos que instaren acciones contra actos o normas que afecten los legítimos derechos del colectivo que cada uno representa”.
