Según la denuncia, Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, habría ocultado el pago de 990 mil pesos al año, que es lo que el Estado nacional firmó que daría la consultora Consuasor para que realizara tareas de comunicación estratégica que incluyen, de acuerdo al convenio, prensa y manejo de redes sociales.
Así lo indicó el portal Letrap, que estipula que esas tareas se realizaron durante 2017 y al menos parte de este 2018 aunque sin que esa labora figure en ningún registro de la Oficina Anticorrupción.
Según la investigación, el contrato se dividió en dos para disminuir la cifra, por lo que se dividió entre los dos dueños de la consultora, Facundo Sosa Liprandi y Alejandro Giúdice, quienes facturaban 44 mil y 38.500 respectivamente cada mes.
Cabe destacar que además, Sosa Liprandi y Giúdice habrían sido beneficiados con contratos en otras reparticiones del Estado a través de los ministerios de Justicia, Trabajo, Medio Ambiente, Defensa y hasta el gobierno de Salta. También con el senador Federico Pinedo.
La consultora Consuasor como SRL se fundó el 28 de diciembre de 2015, apenas 18 días después de la asunción de Macri al poder. En ese mismo mes comenzaron a entrar los contratos con el Estado nacional
. La firma ya existía como consultora pero no bajo el paragüas legal de la Sociedad de Responsabilidad Limitada, que es lo que le permitió las múltiples contrataciones con la Casa Rosada.
El informe señala también que al menos hasta enero pasado Sosa Liprandi cobraba mensualmente 40 mil pesos de parte de Jorge Triaca, entre 50 y 70 mil pesos de la oficina de Federico Pinedo, 40 mil de la OA y 30 mil pesos de parte del gobierno de Salta. También le llegaba dinero desde la secretaría de Medio Ambiente. En total no menos de 160 mil pesos por mes de parte del Estado. Por su parte, Giúdice facturaba de Anticorrupción 38.500 pesos al mes y 45 mil de la jefatura de Gabinete a través de un convenio con la UBA.
Según la nota periodística, Alonso intentó tapar sus arreglos con Consuasor a través de una resolución de la Oficina Anticorrupción que consistió en negar información sobre las contrataciones porque eso implicaría afectar "la protección de datos personales".
