28.07.2015 / En el mundo
La alcaldesa de Madrid frena a los Fondos Buitres
La Alcaldía de Madrid frenó la venta de viviendas que iban a ser tomadas por los fondos buitres por la ley de desahucio. Una asociación social denominada "Yo no me voy", impulsó junto a 220 vecinos la resistencia para mantener su alquiler social. Se da en el marco de la aprobación de la ONU para limitar el accionar de los fondos buitres.
Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid y referente de Podemos, frenó la venta de 2.086 viviendas de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) a fondos buitres que iban a tomar las posesiones producto de la ley de desahucio. La agrupación "Yo no me voy", autoconvocada por vecinos lograron frenar la iniciativa.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), aprobó el documento que contiene nueve principios que buscan limitar el accionar futuro de los fondos buitre, permitiendo a su vez el crecimiento y el desarrollo inclusivo de los países.
Los puntos planteados por el Comité Ad Hoc, son: el derecho soberano que tienen los estados a reestructurar su deuda, la inmunidad soberana, el respeto por las mayorías calificadas en los procesos de reestructuración, el tratamiento equitativo, así como la buena fe, transparencia, imparcialidad, legitimidad y sustentabilidad.
El documento será sometido a votación de los países miembro de la ONU en un encuentro que se estima tendrá lugar en las primeras semanas del mes de septiembre.
Compromiso con @YonomevoyMadrid, habitantes de 40 edificios de la EMVS: no habrá ventas a fondos buitre ni desahucios pic.twitter.com/gbNe69qC2T
— Manuela Carmena (@ManuelaCarmena) julio 28, 2015La Organización de las Naciones Unidas (ONU), aprobó el documento que contiene nueve principios que buscan limitar el accionar futuro de los fondos buitre, permitiendo a su vez el crecimiento y el desarrollo inclusivo de los países.
Los puntos planteados por el Comité Ad Hoc, son: el derecho soberano que tienen los estados a reestructurar su deuda, la inmunidad soberana, el respeto por las mayorías calificadas en los procesos de reestructuración, el tratamiento equitativo, así como la buena fe, transparencia, imparcialidad, legitimidad y sustentabilidad.
El documento será sometido a votación de los países miembro de la ONU en un encuentro que se estima tendrá lugar en las primeras semanas del mes de septiembre.
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