08.08.2015 / Juicio por encubrimiento

"Menem no maneja ni debería manejar los tiempos del Tribunal o las condiciones del juicio"

Tras la primera audiencia del juicio de encubrimiento por el atentado a la AMIA en la que el ex presidente Carlos Menem acusado de desviar la investigación no se presentó, Rodrigo Borda, abogado del CELS y de la agrupación de familiares Memoria Activa dialogó con Política Argentina sobre el futuro del juicio.

por Galia Moldavsky




El jueves fue la primera de muchas audiencias que conllevará el juicio por encubrimiento al atentado a la AMIA perpetrado el 18 de julio de 1994, hace 21 años. Este proceso busca condenar a quiénes desviaron la investigación en la búsqueda de los responsables de la masacre. Entre los 13 imputados hay un exjefe de la SIDE (Hugo Anzorreguy), un expresidente (Carlos Menem), un exjuez (Juan José Galeano) y un extitular de la institución más importante de la comunidad judía DAIA (David Beraja). 

En la primera audiencia se leyeron los requerimientos de elevación a juicio por parte del Ministerio Público Fiscal, a cargo de Roberto Salum y Sabrina Namer, y las querellas del Ministerio de Justicia (representadas por el subsecretario de Política Criminal, Luciano Hazan y la abogada Elizabeth Gómez Alcorta) y de la agrupación Memoria Activa, representada por el abogado Rodrigo Borda.

Sin embargo, ni Hugo Anzorreguy ni Carlos Menem se presentaron. El exjefe de la SIDE se encuentra internado en el sanatorio Otamendi y su abogado presentó un oficio para que pudiera presenciar la audiencia desde videoconferencia, pedido que fue aceptado por el Tribunal. El expresidente no se presentó con el argumento de su "avanzada edad" y que sufre hipertensión arterial, esclerosis, hiperplacia y depresión, mediante un certificado que presentó su abogado patrocinante, Omar Daer, y que nadie pudo comprender debido a su ilegibilidad.

Rodrigo Borda, abogado de Memoria Activa y del CELS contó a Política Argentina: "Según tenemos entendido, Menem ya habia hecho este planteo anteriormente y el Tribunal se lo había rechazado, basado en un informe de médicos forenses que lo revisaron y dijeron que no tenía ningún inconveniente para viajar a Buenos Aires y presenciar el juicio como es su deber". Además, contó que el expresidente habría aducido también que debía hacer campaña proselitista, lo cual es una contradicción con el argumento de las cuestiones de salud.

"Es muy claro que el planteo es poco serio y que lo que pone en evidencia es su intención de no someterse a la autoridad del Tribunal y no quedar expuesto publicamente como debe estarlo cualquiera acusado, presentándose y dando la cara en la sala de audiencia", afirmó Borda. Sin embargo, el letrado afirma que el expresidente no está obligado a asistir a "todas las audiencias", pero el conflicto aparecerá en las que su presencia sea obligatoria, como cuando deba declarar. Agregó que cree que "no están dadas las condiciones para poder garantizar que se vaya a presentar cuando sea obligada su presencia, y eso nos preocupa".

Asimismo, sostuvo que lo alarmante es que esto "dependa absolutamente de su voluntad". "Él decide lo que se hace y cómo se hace. Menem no debería tener autoridad para decidir no asistir a la audiencia o verla por videoconferencia, porque no maneja ni debería manejar los tiempos del tribunal ni las condiciones del juicio".

"Él puso de manifiesto con esta ausencia injustificada y un certificado médico ilegible que es una pulseada que está emprendiendo contra el Tribunal planteando: "yo por las buenas no voy a ir". Entonces, si bien el juicio puede avanzar por videoconferencia por ahora, en simultáneo el Tribunal debería dar el proceso de desafuero" porque sino "él va a seguir manejando la dinámica del juicio: cuándo se presenta, cómo y en qué circunstancias. Un juicio no puede depender de la voluntad de un acusado, porque sino, no avanzaría o prosperaría", concluyó.

El proceso de desafuero consiste en quitarle los privilegios que tiene Carlos Menem por su figura de senador. Estos privilegios eximen a los funcionarios de la posibilidad de ser arrestados, excepto que sean encontrados en el lugar del delito. En caso de presentarse querellas ante la justicia contra un legislador, el voto de los dos tercios de su cámara puede retirarle los fueros y ponerlo a disposición de la justicia.