Durante la ardua campaña electoral del 2015, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos encabezada por el fiscal Carlos Gonella detectó una serie de irregularidades en el manejo de fondos del gobierno de la Ciudad por parte de funcionarios de la gestión que encabezaba Mauricio Macri, entre los que se destacaba el entonces ministro de Cultura porteño Hernán Lombardi.
En un primer momento, la fiscal Paloma Ochoa imputó a Lombardi; a Matteo Goretti Comolli, presidente de la fundación Pensar y del Centro de Estudios de Políticas Públicas Aplicadas (CEPPA) y a Facundo De Almeida, integrante del Consejo de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
La fiscal le había encomendado al juez Lijo que investigue si Goreti Comolli utilizó al CEPPA como pantalla para desviar fondos del gobierno porteño a la fundación Pensar, la cual tiene como objetivo según informan en su propia web "ser la usina de ideas del partido PRO". Según el dictamen de Ochoa, Goretti Comolli
"valiéndose de la Fundación CEPPA e invocando fraudulentamente el Régimen de Promoción Cultural" establecido por la ley porteña 2264, obtuvo recursos del gobierno de Macri a partir de actos administrativos decididos por Lombardi.
El juez Lijo decidió sobreseer al ahora titular del Sistema Federal de Medios Públicos como a los restantes imputados. La fiscal Ochoa apeló esta decisión la cual fue respaldada parcialmente por Diego Velasco, quien remplazó al fiscal Germán Moldes durante su licencia en la fiscalía ante la Cámara Federal.
En el mes de junio, Velasco aseguró que durante la investigación de Lijo
"comenzó a establecerse que a través del régimen de mecenazgo cultural se habría producido una defraudación a la administración pública, perniciosa a las arcas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
"Se conoce que a través de expedientes administrativos específicos (del ministerio de Cultura porteño) se asignaron partidas presupuestarias a una entidad privada (CEPPA), cuyos gestores están relacionados social, política y partidariamente entre sí) y que esta última, a su vez, los transmitió a otra entidad (Fundación Pensar Argentina). No se conoce en cambio y a modo de ejemplo: (1) por qué el ente beneficiario de una promoción pública transfirió los fondos recibidos a otra y si estaba autorizado a hacerlo la entrega fue con un cargo específico y por tanto era de cumplimiento intransferible, (2) en qué fueron usados específicamente esos fondos públicos redistribuidos sin autorización del ministerio que los proveyó y en definitiva si ese dinero se usó para el financiamiento de un partido político", afirmó el fiscal en aquel momento.
Asimismo señaló que
"no está bajo análisis el régimen de mecenazgo local, sí lo está su uso como pantalla para el desvío de fondos públicos para atender gastos o pagos que están contemplados en sus objetivos: estarían presentes el engaño, la disposición y el perjuicio típicos de la defraudación si los extremos contemplados por el Ministerio Público llegan a acreditarse". De esta forma Velasco exigió que se continué la investigación y se determine si la causa debe seguir en manos de Lijo o pasar a la justicia porteña ya que la defraudación ocurrió en dicha jurisdicción al no haber delito que habilite la intervención de la justicia federal.
La Sala II de la Cámara Federal ordenó que se amplíe la investigación y se determine si el caso corresponde a la justicia federal.
Además con los votos de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, se le dio la razón al fiscal Velasco y se levantaron los sobreseimientos de quienes habían sido imputados por lo que Hernán Lombardi y Goreti Comolli, presidente de Pensar, seguirán siendo investigados por la justicia.
