La renuncia de Gils Carbó a la Procuración General de la Nación a partir de fin de año disparó un fuerte comunicado por parte de Abuelas de Plaza de Mayo.
Desde la organización de Derechos Humanos expresaron "consternación" por la decisión de la funcionaria y pidieron que su reemplazante "sea independiente del Gobierno".
La entidad que preside Estela de Carlotto destacó que Gils Carbó tuvo "un rol fundamental en el avance del proceso de justicia, vinculado a crímenes de lesa humanidad" y la creación, durante su gestión, de "la Unidad especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado".
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Esperamos que el proceso de selección del próximo funcionario sea transparente y abierto a la ciudadanía, a fin de garantizar la autonomía del Ministerio Público Fiscal y su independencia del gobierno de turno, como marca la Constitución Nacional en su artículo 120", expresaron las Abuelas en un comunicado publicado en su web oficial.
El texto completo.
CONSTERNACIÓN POR LA RENUNCIA DE ALEJANDRA GILS CARBÓ
Pedimos que el próximo Procurador General de la Nación sea independiente del gobierno y afín a los procesos de Memoria, Verdad y Justicia
Las Abuelas de Plaza de Mayo queremos manifestar nuestra consternación frente a la reciente renuncia de Alejandra Gils Carbó al cargo de Procuradora General de la Nación, desde donde tuvo un rol fundamental en el avance del proceso de Justicia, vinculado a crímenes de lesa humanidad, así como también en la búsqueda de nuestros nietos apropiados y en la democratización del acceso a la justicia para todas y todos los argentinos. Gils Carbó se vio obligada a dejar su cargo, luego de un sostenido hostigamiento por parte del gobierno nacional, que no hace más que dar signos contrarios a las políticas a favor la promoción de Memoria, la Verdad y la Justicia.
En la problemática que nos lleva 40 años luchando, debemos destacar la creación, durante la gestión de Gils Carbó, de la Unidad especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado. Este ha sido un aporte sustancial para que esas causas se resuelvan con celeridad, logrando así el incremento de análisis de ADN por año. Además, se formó la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, también fundamental para la investigación de estos delitos.
Durante el mandato de Gils Carbó se abrieron espacios de acceso a la justicia para todos los ciudadanos y ciudadanas. Gils Carbó fue quien creó el Programa de Acceso Comunitario a la Justicia (ATAJO) que abrió dependencias del Ministerio Público Fiscal en los barrios más marginados para facilitar la llegada a la justicia a los sectores más vulnerados. También se conformaron la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) y la Procuraduría contra la Trata de Personas y Explotación de Personas (PROTEX). Todos espacios para la democratización del acceso a la justicia y garantizar la defensa de los derechos humanos.
Es por todo lo mencionado que desde Abuelas hemos manifestado siempre nuestro apoyo a la funcionaria y que nos preocupa que con su capacidad, compromiso y experiencia haya decidido dar un paso al costado. En este sentido, remarcamos que quien reemplace a Gils Carbó deberá tener un marcado compromiso con los Derechos Humanos para continuar estas políticas.
Esperamos que el proceso de selección del próximo funcionario sea transparente y abierto a la ciudadanía, a fin de garantizar la autonomía del Ministerio Público Fiscal y su independencia del gobierno de turno, como marca la Constitución Nacional en su artículo 120.
Es imprescindible que una vez propuesto el funcionario que vaya a estar al mando del Ministerio Público Fiscal, se convoque a consultas públicas a la sociedad, a fin de no repetir nombramientos irregulares y fuera de los mecanismos establecidos para proteger a las instituciones democráticas. Con preocupación recordamos las irregularidades en el nombramiento de los jueces Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, que hoy forman parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se expidió a favor de un fallo como el del 2X1.
Esperamos que se garanticen mecanismos transparentes y democráticos, para evitar más retrocesos en materia de derechos humanos.
