A pesar de las muestras de acercamiento y de extender la licencia de OCA, el gobierno de Mauricio Macri denunció a Pablo y Hugo Moyano por supesta evasión y lavado de dinero a través de la empresa de correo.
Quien toma las riendas del caso es el Juzgado en lo Penal Económico Nº 3 que comanda Rafael Caputo y la Fiscalía Nº 8 de Alicia Sustaita, donde la denunca recayó por sorteo.
La presentación que realizó la PROCELAC tiene fundamento en un informe de inteligencia que promulgó la Unidad de Información Financiera (UIF), que dirige Mariano Federici.
La empresa postal OCA, Organización Coordinadora Argentina SRL, es la principal firma involucrada: la acusación se extiende a firmas como el Grupo Rhuo -que controla OCA- y el Grupo Damasco, el Club Atlético, Social y Deportivo Camioneros, la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros misma, la Mutual del sindicato y el empresario Patricio Nicolás Farcuh, presidente de OCA.
La acusación se centra en presuntos pases de fondos, transferencias y giros sospechosos entre las empresas de Farcuh y Moyano.
La PROCELAC pidió un enorme relevamiento de datos para continuar con la investigación, lo que incluye una amplia lista de documentación a la AFIP, pedido de información sobre las personas y firmas al Banco Central, al Sistema de Identificación Nacional Tributario, al Registro de Propiedad Automotor, como también al Registro de Propiedad Inmueble porteño y bonaerense.
