07.12.2016 / Tarifazo

"Es hora de que ganen los usuarios y no las empresas"

El defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires insistió con su pedido de "racionalidad y gradualidad" en la audiencia pública del gas y aseguró que "con estos cuadros tarifarios se premia a los que más consumen y se perjudica a las personas de menores ingresos".




El Defensor del Pueblo porteño, Alejandro Amor, se hizo presente en la Audiencia Pública para revisar la tarifa integral del gas celebrada en la Universidad Católica Argentina. Amor criticó duramente los criterios del nuevo cuadro tarifario y reafirmó la “necesidad de que se respete el pedido de gradualidad, proporcionalidad, razonabilidad y no confiscatoriedad establecido por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

“Con estos cuadros tarifarios, se nota que las empresas no escucharon al Presidente, que planteó la necesidad del ahorro. Con estos cuadros tarifarios se premia a los que más consumen y se perjudica a las personas de menores ingresos, porque los montos fijos, la eliminación de las cinco categorías, el establecimiento de la tarifa social con ese monto fijo y el mantenimiento del Fosegas claramente son un indicativo de que no se escuchó la lógica del ahorro y tampoco se escuchó el criterio establecido por el fallo de la Corte Suprema”, agregó Amor en una exposición realizada en el Salón Juan Pablo II de la UCA que duró 10 minutos y en la que enumeró las exigencias de la Defensoría del Pueblo porteña en defensa del bolsillo de los vecinos de la Ciudad.

¿Cuáles fueron los principales reclamos que presentó el Defensor del Pueblo porteño en la audiencia del gas?: Respetar los principios del fallo de la corte, establecer una tarifa social única y extenderla a todos los trabajadores no registrados, eliminar el costo fijo en la tarifa social, definición por ley de la pobreza energética, declarar a los servicios públicos esenciales como un derecho humano, declarar a la garrafa como un servicio público esencial, eliminar los subsidios a las empresas y direccionarlos a los ciudadanos, formar entes reguladores transparentes, eliminar el FOSEGAS y la reglamentación de un cuadro tarifario específico y diferenciado para entidades de bien público y clubes de barrio.