
Tras una larga batalla judicial,
la Corte Suprema de Justicia ordenó al Gobierno que retrotraiga el valor de la tarifa del gas al vigente al 31 de marzo y que realice audiencias públicas como mecanismo obligatorio para fijar un aumento. La sentencia causó una gran repercusión y una encuesta sostiene que
el 77,2% está de acuerdo con ese pronunciamiento.
El relevamiento fue realizado por la consultora Analogías a través de entrevistas telefónicas sobre una muestra de 1921 casos. El estudio se realizó en los 24 partidos del primer y segundo cordón del conurbano de la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires y se trabajó con residentes en condiciones de votar.
En torno al contenido del fallo, un 84% se mostró informado, de manera que la noticia se desplegó casi en forma instantánea; en ese universo, un 77,2% de los encuestados manifestó acordar con la decisión de la CSJN y
un 42,6% opinó que el Gobierno Nacional presionó a la Corte para torcer el fallo, y en similar sentido un 44% opinó que fueron las empresas de energía las que practicaron lobbie para que el fallo no frenara el aumento.
Además,
el 64% opinó que las protestas y ruidazos tuvieron gran influencia en el fallo del máximo tribunal y un el 72%, respondió que redujo el consumo del fluido.
Sobre la “razonabilidad” de los aumentos,
el 75,1% manifestó que “no era razonable” el ya caduco tope del 400% de aumento de tarifa aplicado sobre el consumo del año pasado que pretendía el Gobierno Nacional.
Ante la pregunta sobre su percepción de “razonabilidad del aumento” posible, las respuestas
“Ningún incremento” y “hasta un 50%” sumaron el 77,4% del total consumo del fluido.
Las responsabilidad del ajuste se deposita en
el gobierno de Macri (48% de las respuestas), persistiendo una parte (31,5%) de la opinión que explica por medio de la“ herencia” del gobierno anterior la raíz causal del ajuste.