El juez de la Seguridad Social Juan Fantini dictó una medida cautelar que prohíbe al Gobierno la venta de activos del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de la Anses para concretar el pago a jubilados en el marco de la llamada Ley de Reparación Histórica, con la que se busca saldar deudas de actualización de haberes.
La medida de Fantini constituye un nuevo revés judicial para la gestión de Mauricio Macri e implica un resguardo al fondo que garantiza la continuidad de un sistema previsional público y de reparto.
El freno de Fantini regirá por un lapso de tres meses o hasta tanto el magistrado falle sobre la cuestión de fondo en un pedido de amparo para declarar inconstitucional cinco artículos de la flamante ley. Concretamente, son los que habilitan la liquidación de las acciones y bonos en poder del FGS. La demanda que derivó en la cautelar de ayer fue presentada por el ex presidente del Centro Interamericano de Estudios de la Seguridad Social, Miguel Ángel Pastor, un ex concejal radical y ex funcionario de la Anses durante la gestión de Sergio Massa. Pastor recurrió a la Justicia por entender que la declaración de “emergencia en litigiosidad previsional” que consiguió el Gobierno con la ley que se aprobó a fines de junio facilita la destrucción del régimen jubilatorio actual, al permitir que la Anses se desprenda del FGS.
Al realizar la denuncia, Pastor advirtió en diálogo con Página/12 que pretendía evitar “que se lleven puesto el sistema, como ya ocurrió con Krieger Vasena, Martínez de Hoz y Cavallo. ¿Cómo lo hicieron? Usando los fondos de reserva previsionales hasta entrar en crisis, y a partir de ahí achicaron las prestaciones y pagaron jubilaciones de miseria. Ahora vamos por el mismo camino”.
Una de las razones que argumentó el juez Fantini en sus considerandos fue que no se informó con precisión cuál será el costo del pago de sentencias y retroactivos a los jubilados según lo dispuesto en la Ley de Reparación Histórica. Por lo tanto, alertó que no resulta razonable comprometer la continuidad del FGS sin tener mínimamente ese dato. También enfatizó que el objetivo del FGS es proteger a los jubilados frente a eventuales crisis. La Anses tiene una semana para contestar al amparo. Luego, el magistrado tomará una decisión final.
