Una situación singular ha captado la atención de la justicia federal, donde la jueza en lo civil y comercial Mercedes Maquieira ha solicitado al Gobierno una explicación sobre el motivo detrás de su propia demanda contra el aumento indiscriminado de las empresas de medicina prepaga, una acción que fue autorizada por un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) aún en vigencia emitido por la propia administración.
Es que el Gobierno solicitó al Poder Judicial que obligue a las empresas de medicina prepaga a revertir el aumento tarifario, el cual fue autorizado por el mencionado DNU, pero que, simultáneamente, fue neutralizado por una resolución de la Secretaría de Industria y Comercio, organismo dependiente del propio Gobierno.
La medida adoptada por la Secretaría de Industria y Comercio consistió en ordenar a las empresas de medicina prepaga fijar sus precios al valor de diciembre pasado y calcular los incrementos basados en la inflación oficial medida por el INDEC.
El pedido de aclaración realizado por la jueza Maquieira precede a su decisión sobre si aceptará la competencia en el caso o si lo derivará al fuero en lo Contencioso Administrativo Federal para su intervención.
