En el día de ayer, luego de tomarle la declaración indagatoria al senador bonaerense de JxC Juan Pablo Allan,
el juez que lleva adelante la causa por la Gestapo antisindical -Ernesto Kreplak- concluyó con la primera ronda de citaciones que comenzaron el 3 de marzo e incluyó a los 14 imputados por formar parte de la reunión en el Banco Provincia.
El magistrado cuenta con 10 días hábiles para definir la situación procesal de los acusados y parte de la querella realizará hoy una presentación para solicitar que todos sean procesados y que se llamen a nuevas indagatorias a funcionarios del gobierno de Cambiemos.
El abogado del sindicalista Juan Pablo 'Pata' Medina, César Albarricín manifestó, "creo que por las pruebas que hay corresponde procesar a todos, hay algunos que el cúmulo de pruebas es contundente y hay otros que por ahí no es tan contundente pero también es muy importante" y adelantó que lo van a argumentar en una presentación en las próximas horas ante Kreplak. También señaló -
en diálogo con Política Argentina- que van a pedir "nuevas citaciones indagatorias", tanto de funcionarios nacionales como provinciales.
Acerca del avance general de la causa comentó que "ninguno pudo dar una explicación razonable a ninguno de los puntos esenciales" y analizó,
"me parece que la hipótesis que planteó el juez es una hipótesis que se va validando cada día más". En ese sentido ahondó en las últimas tres declaraciones que se dieron por escrito, de los espías -Juan Sebastián de Stéfano y Diego Dalmau Pereyra- y del senador provincial de Juntos por el Cambio, Juan Pablo Allan.
Sobre el texto del exsecretario de Asuntos Jurídicos de la AFI, el letrado expresó, "es una declaración absolutamente insuficiente, me da la sensación de que De Stéfano si quedó sin argumentos y lo que hizo fue atacar al juez" y destacó que el imputado sembró "una cantidad de argumentos que son improcedentes e inexactos" y que realizó "una defensa que me pareció muy floja".
Al respecto de la presentación del Jefe de Contrainteligencia de la Agencia -Dalmau Pereyra- indicó que fue "un intento estricto de defenderse, trató de contextualizar su actuación y de alguna manera explicar que lo que hizo estaría dentro de algún marco institucional" y acotó que busca demostrar, "no es que él hizo algo por su cuenta o a escondidas sino que es algo que le mandaron a hacer con una orden muy concreta de sus jefes".
A su vez, Albarracín remarcó que el exespía, "defendió muy específicamente haber supervisado la instalación de las cámaras" pero que a él no se le imputa ese hecho como si eso fuese un delito autónomo sino que "la imputación pasa por haber participado en la organización de esa reunión".
"Me da la sensación de que no tiene un compromiso político y por eso no ha tenido interés en encubrir esa parte de lo que ha ocurrido" lanzó y subrayó que "ese fragmento de su declaración es importante porque vuelve a colocar a (Gustavo) Arribas y (Silvia) Majdalani interviniendo directamente en este asunto".
En ese punto indicó que era "algo que se podía inferir por las distintas reuniones acreditadas", entre ellas la que compartieron el número 1 de la AFI -Arribas-, Mauricio Macri y Marcelo Villegas en la Rosada el 4 de mayo de 2017 (40 días antes de la reunión en la sede porteña del Banco Provincia) y todo lo que sucedió después de eso.
"La declaración de Dalmau suma un punto más que termina de certificar que tanto Arribas como Majdalani tomaron intervención", aseguró.
"El planteo de Dalmau es razonable pero no lo descarga para nada de su responsabilidad porque lo que se imputa no es la grabación sino haber participado de la reunión y haber generado varias acciones para que se lleve a cabo siendo que era una reunión tenía un contenido abiertamente ilegal", sostuvo.
Por otro lado, hizo alusión a la declaración del legislador bonaerense -quien buscó desligarse de los servicios de inteligencia y el armado de la reunión- y reiteró que es al propio Allan a quien se lo escucha decir 'Esos son los representantes de los servicios' en la filmación del encuentro del 15 de junio de 2017. La frase fue dirigida al empresario que se encontraba a su lado, Ricardo Alconada Magliano.
Parar cerrar, el abogado hecho por tierra la defensa del exsubsecretario de Justicia bonaerense de Maria Eugenia Vidal -Adrián Grassi- quien planteó la nulidad diciendo que la prueba era ilegítima, "él no tenía expectativa de privacidad, porque lo que estaba diciendo primero quedaba registrado en la memoria de las 14 personas que podían contar lo que se decía" y acotó "que a eso se le haya sumado un registro más fidedigno como es una grabación no cambia la situación ni la convierte en delictiva".
