Acabamos de conocer dos noticias muy importantes. La firma del Pacto Automotor Común con Brasil y la regulación de tasas, estableciendo un tope que limita la rentabilidad de los bancos y protege a los consumidores de los abusos del sector. Naturalmente, esto es posible gracias a que tenemos un Estado activo que no deja de construir respuestas desde la política económica para administrar las tensiones que se generan en la economía.
Cuando entre fines del año pasado y principios de este se operaron todos los mecanismos en el mercado cambiario para disparar la séptima corrida contra el peso que afronta esta Presidenta, con la que se buscaba llevar el dólar a 15 pesos, el gobierno estabilizó el tipo de cambio en el entorno de ocho pesos. Además, la autoridad monetaria implementó una política de suba de tasas para evitar la dolarización de carteras y contener así la presión sobre el frente cambiario.
Como resultado de esos cambios, tuvimos varios efectos. Por un lado, un impacto sobre los precios, que se vio reflejado en las mediciones del IPCNU de los primeros meses del año que, a partir de entonces, comenzó a recorrer un sendero claramente declinante, tendencia que se sostiene en todos los meses posteriores. Por el otro, un efecto, obviamente, sobre los ingresos. A ésto se respondió sosteniendo la política que caracterizó a este ciclo político y económico desde 2003, es decir, las paritarias libres que permiten a los trabajadores recomponer los ingresos salariales (recordemos que la participación del salario en el total del ingreso nacional pasó de apenas el 34% en 2003 a cerca del 50% en el presente); además fortaleciendo el conjunto la política de ingresos de conjunto, con la creación del Progresar, que incluyó al universo de jóvenes entre 18 y 24 años, como sujeto de derecho, con la percepción de un ingreso para estimular la terminalidad educativa media, terciaria o universitaria; el incremento de 40% sobre la AUH y asignaciones familiares en general; la apertura de la segunda moratoria previsional que llevará la cobertura desde el 95% actual a su universalización, de la mano con la actualización bianual de los haberes, sobre los cuales aún resta el segundo del año (notemos también que, según un informe de la OIT presentado hace pocos días en el que critica duramente la politica de ajuste llevada adelante en muchos países, el 73% de la población mundial no tiene acceso a una protección social adecuada en tanto casi el 50% de los que están en edad de jubilarse no tiene acceso a cobertura previsional).
En cuanto al impacto sobre los precios, observamos que muchos sectores sobrereaccionaron, aprovechando la excusa de la modificación en el tipo de cambio para producir incrementos que fueron mucho más allá del mayor precio de los componentes importados que componen su producción y, por ende, sin ninguna relación con su estructura de costos. Esto se vio claramente en el sector automor que, pasados unos meses empezó a reacomodar, de motus propio, algunos precios. Naturalemte esta conducta del sector afectó la demanda automotriz. Pero, paralelamente, se presentó un frente complicado por el lado de la demanda externa, donde las compras de Brasil se redujeron drásticamente, siendo el principal factor explicativo de la mala performance del sector durante los primeros meses del año. En este sentido, las negociaciones llevadas adelante entre el gobierno nacional y su par brasilero, conjuntamente con el sector privado de ambos países, dio como resultado el Acuerdo Automotor Común que se acaba de firmar y que permitirá recuperar la dinámica del sector automor nacional, despejándolo del fantasma de las suspensiones y potenciales despidos. El acuerdo implica un flex de 1.5 que protege a la industria nacional de la competencia brasilera y, asimismo, el incremento en la cuota de mercado que la Argentina tiene en Brasil, pasando del 8% actual al 11%. Además, en los próximos dos meses se comenzará, en el marco de esta mesa de negociaciones, a trabajar sobre la definición de un nuevo acuerdo que regirá a partir de mediados del año próximo, en que deje de regir la prórroga que acaba de suscribirse. La vocación política de ambos gobiernos dispara buenas expectativas por cuanto hay un compromiso de pensar al sector en términos regionales y con una apuesta a mejorar la integración de partes locales en la producción, sustituyendo importaciones.
Por otra parte, también en el sector financiero se produjeron situaciones de abuso por parte de las entidades bancarias que con un costo de fondeo (para la captación de los pesos que luego dan en préstamos a los usuarios del sistema) en torno al 15%, llevaron las tasas activas a niveles desorbitantes. Así, en promedio la tasa a la que ofrecieron créditos personales se ubicó en 46%, llegando en algunos casos hasta el 93%. Por otra parte, el Costo Financiero Total incluyendo gastos adicionales que cargan los bancos duplica la tasa nominal anual, llevando su rentabilidad a niveles extraordinarios que superan con creces el spread ya, de por sí, elevado. Nótese que mientras la rentabilidad de los bancos alcanzaba, según datos de la OCDE para el año 2011, al 1.3% a nivel mundial o 1.7% para el caso de América Latina y el Caribe, en nuestro país llegaba al 2.7%. La actuación del Banco Central, en uso de su capacidad regulatoria, viene a poner un freno a una conducta predatoria de los bancos que no sólo estaban obteniendo niveles de rentabilidad extraordinaria sino que lesionaban el consumo y la producción, encareciendo el costo de financiamiento. Llama la atención que algunos sectores, supuestamente preocupados por el tema inflacionario, no hayan anotado como crítica el comportamiento de las entidades financieras y, por el contrario, critiquen la medida dispuesta por el Banco Central.
A partir de la nueva normativa, se regula integralmente el Costo Financiero Total. Esto implica: se pone un tope a la tasa de interés máxima, se ejerce el control de otros cargos y comisiones que aplican los bancos y se regula a otros proveedores no financieron de crédito (compañías, mutuales, cooperativas que buscaban eludir el control de la autoridad moentaria). En este sentido, la tasa de las Lebac a 90 días se establece como tasa de referencia, la cual es informada por el Banco Central. Para el caso de las tarjetas de crédito, la tasa no puede superar en más del 25% al promedio de las tasas que la entidad aplicó durante el mes ponderadas por el monto de préstamos personales sin garantías reales del mismo periodo. Tanto las entidades financieras como las emisoras de tarjetas de crédito deberán contar con la autorización del BCRA para realizar aumentos por concepto de gastos y comisiones.
En cuanto a las mutuales, cooperativas y entidades no financieras que emiten trajetas de crédito o compra deberán inscribirse en un Registro de otros proveedores no financieros de crédito, lo que será requisito para poder ser sujeto de crédito de las entidades financieras. De este modo Argentina se incorpora al numeroso grupo de países, entre ellos Italia, Alemania, Francia, Uruguay, Chile, Colombia, que regulan las tasas de interés, limitando las conductas usurarias de bancos y entidades fiancieras, tipificadas en su legislación específica o, como el caso de Colombia, en el propio código penal, ya que la usura se considera un delito de esa naturaleza. Una vez resulta llamativa la crítica de sectores de la plítica doméstica que se oponen a la regulación del Banco Central cuando, por otra parte, acostumbran a poner a cualquiera de los países mencionados como ejemplo a seguir.
