La Corte Suprema de Justicia de Argentina (CSJN) decidió que tanto los exiliados de la última dictadura militar como sus hijos recibirán una indemnización aunque aún no se especifican montos.
El fallo de la justicia argentina amplió el alcance de la ley 24.043, que determina la indemnización de los exiliados del país entre noviembre de 1974, cuando se inició la violencia política en el país previa al golpe militar, y diciembre de 1983, y ahora también se indemnizará a los hijos de éstos, nacidos fuera de Argentina.
El argumento principal es que "no hay justificativo para desconocer el derecho a los hijos de esos exiliados, impedidos de nacer en la patria de sus padres por razones completamente ajenas a ellos".
Como jurisprudencia se utilizó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y se consideró que, "ante la imposibilidad de volver al país en condiciones seguras hasta el regreso de la democracia, la vida de exiliados y sus hijos transcurrió ajena a la cultura e idiosincrasia propias de su tierra".
