En el alegato final del juicio oral que se lleva a cabo por el megacanje, la fiscalía pidió tres años de prisión más inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos para Domingo Cavallo.
Fabiana León, fiscal que emitió el pedido, acusó a Cavallo por "negociaciones incompatibles con la función pública" al entender que tuvo "pleno" conocimiento del proceso de negociación del megacanje y dar por probado que se actuó para favorecer a un grupo de bancos en pos de que obtuvieran un seguro beneficio al actuar como intermediarios en la operación.
En esa línea, destacó: "Debe ser condenado como autor penalmente responsable del delito de negociaciones incompatibles con la función pública por haberse interesado directamente en la operación de canje de bonos en miras a que los bancos autorizados obtuvieran un beneficio",.
Además, consideró un agravante el hecho de que Cavallo estaba en plenas condiciones para comprender las consecuencias de sus actos cuando en 2001 como ministro de Economía del gobierno del ex presidente Fernando de la Rúa recibió y aceptó una propuesta de canje de deuda por parte del banquero David Muldford, sobreseído en la causa por prescripción del delito.
