Por Román De Antoni*
El pasado viernes 23 de octubre se llevó a cabo en la sede central de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ubicada en la ciudad de Washington DC, Estados Unidos, una audiencia para tratar la “situación de independencia judicial en Argentina”, a pedido de la Asociación por los Derechos Civiles y Poder Ciudadano. Por su parte, la Cancillería argentina decidió no acudir a la misma presentando un escrito en el cual solicitó su suspensión por tratarse de una operación política mediática organizado por asociaciones identificadas con sectores de la oposición, a pocas horas de un acto eleccionario. Dicha solicitud fue rechazada por la CIDH que decidió realizar el encuentro pese a la ausencia del Estado. Ahora bien, ¿Qué son este tipo de audiencias? ¿Para qué sirven?
Para entender mejor la cuestión, es necesario saber que la Comisión Interamericana realiza -de manera ordinaria- tres sesiones de audiencias por año con el objeto de recibir mayor información sobre un caso individual (“audiencia de casos”), seguir la situación de recomendaciones/medidas cautelares o conocer una determinada situación general relacionada con los derechos humanos en uno o en más Estados miembros de la OEA (“Audiencias temáticas”).
La petición solicitada por ADC y Poder Ciudadano se enmarca dentro de las últimas y se caracterizan por ser una vía de comunicación directa donde –por lo general- las asociaciones civiles alertan a las autoridades de la CIDH sobre una posible situación general de violaciones de derechos humanos para que adopten algún tipo de decisión. Sin embargo, es conveniente aclarar que estas audiencias no forman parte del proceso contencioso ante la CIDH, por lo que el organismo interamericano no tiene competencia para resolver la cuestión, ni para remitir el caso a la Corte Interamericana –el otro organismo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos- que tiene la facultad de dictar sentencias de carácter obligatorias para los Estados que aceptaron su competencia. Por lo tanto, ¿Cuál es la importancia de este tipo de audiencias?
Un prestigioso jurista canadiense, miembro de la ONU y con una gran trayectoria en el campo del sistema interamericano de derechos humanos, Bernard Duahime, alguna vez dijo que la importancia de las audiencias temáticas radica en el acompañamiento mediático que tengan ya que –como bien se adelantó- la CIDH no puede resolver el asunto que se le somete, por lo que el “éxito” de una presentación por parte de una asociación civil tiene que ver con la “atención” que los medios de prensa le brinden.
En ese sentido, a través del desarrollo de las sesiones de audiencias que cada año celebra la CIDH, ha podido apreciarse el gran “impacto” que causan las llamadas “audiencias temáticas” en los medios, que por el sólo hecho de realizarse se convierten en un producto muy redituable para la prensa que, al encontrarse con un asunto interno tratado en un ámbito internacional, muchas veces enfatizan sobre la denuncia sin importar su contenido, ni las pruebas que se aporten. Por ello, ante el desconocimiento de la mayoría de los lectores sobre lo que realmente se trata en esas reuniones, resulta frecuente que –principalmente- medios opositores al Estado denunciado se sirvan de ellas para condenarlos bajo titulares que causan un gran impacto mediático y, en consecuencia, político. Así, por ejempló, el diario el Universo de Ecuador -en clara oposición al Gobierno de Rafael Correa- tituló este martes “El Estado Ecuatoriano vuelve a la CIDH con denuncia de irregularidades” o BBC de Brasil –opositor a Dilma-: “El Gobierno es denunciando ante la OEA por violencia contra los indios” sin hacer menciones específicas a los elementos aportados, ni a lo que alegue el Estado.
Más allá del hecho de que este tipo de audiencias han servido para poner de manifiesto y dar a conocer situaciones graves de violaciones de derechos humanos a los ojos del continente, logrando –incluso- el compromiso de algunos Estados a reparar o resolver determinadas cuestiones denunciadas, lo cierto es que este mecanismo contemplado en el art. 62 del Reglamento de la CIDH, resulta ser un arma de doble filo dado que, al no exigir elementos de prueba fehacientes para comprobar los hechos denunciados, abre las puertas para transformarse en un espacio utilizado como herramienta política y estratégica cuyo “resultado” se transluce en el impacto mediático-político obtenido.
Así lo ha entendido el Canciller argentino Timerman, quien en su misiva a la CIDH puso de relieve que “los solicitantes, con argucias, quieren utilizar una herramienta que brinda el Sistema Interamericano para introducir un debate político durante la veda electoral”.
Paralelamente, denunció los vínculos entre las asociaciones solicitantes y los partidos opositores al gobierno dejando en claro que “la diputada del PRO, Laura Alonso, fue directora ejecutiva de Poder Ciudadano, antes de ser candidata; Germán Garavano, ex fiscal general porteño y referente del mismo partido es director académico de Unidos por la Justicia; a Alvaro Herrero lo vincula como asesor de Sergio Massa e integrante de Poder Ciudadano; Alejandro Carrió, abogado del grupo Clarín, es vicepresidente de la ADC; Nicolás Ducoté, subsecretario de asuntos públicos del ministerio de Gobierno de la Ciudad, es miembro del consejo fundador de Cippec”.
Por una cuestión de formalidad y, principalmente, por la “intempestividad” de la nota –fue enviada sobre la hora-, la CIDH decidió llevar a delante la audiencia pese a la ausencia del Estado argentino. Para evitar futuras situaciones similares, quizás, resulte conveniente que el Estado Argentino, a partir de este hecho, inste en la próxima asamblea general de la OEA a modificar el reglamento de la CIDH en cuanto a la selectividad del calendario de las audiencias en vísperas electorales dado que, más allá de las cuestiones denunciadas, una audiencia internacional sobre un asunto de profunda sensibilidad política interna a dos días de un acto eleccionario presidencial, evidencia que el organismo interamericano resulta permeable a las estrategias políticas que se escudan tras las denuncias sobre violaciones de derechos humanos.
*Abogado (UNLP), Magister en Derechos Humanos y Democratización en América Latina y el Caribe (CIEP-UNSAM), Intern CIDH-OEA (2014). Ha participado en audiencias de la CIDH en carácter de Secretario y Peticionario.
