El Estado argentino debe responder al reclamo de Naciones Unidas para liberar a la dirigente social Milagro Sala si no quiere quedar aislado del mundo, opinó Alejandro Slokar, el presidente del máximo tribunal penal del país a horas de que el gobierno anunciara que invitaría a funcionarios del organismo internacional para comprobar las condiciones de reclusión de la líder de la Túpac Amaru.
“La Argentina atraviesa un proceso muy grave en la actualidad que tiene que ver, en general, con todas las situaciones de encierro: la crisis carcelaria a propósito de la superpoblación y la violencia que ocurre es una nota distintiva de tantas advertencias que formulan los organismos del sistema de tutela. Se da en un contexto en el que se reclama ya no desde el orden interamericano sino desde el orden universal o sea vía Naciones Unidas a partir de este informe que elabora este grupo de trabajo relativo a las detenciones arbitrarias que reclama la inmediata soltura de Milagro Sala”, explicó Slokar en una entrevista con Política Argentina.
Slokar presentó el jueves el libro América y su porvenir jurídico, en el que participaron, entre otros, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) Roberto Caldas y el exministro de la Corte Suprema de Justicia y actual juez de la Corte-IDH Eugenio Raúl Zaffaroni, quien sostuvo que el Congreso debería intervenir el Poder Judicial de Jujuy por lo que puede observarse de su accionar en el caso de la líder de la Túpac Amaru.
¿No hay una contradicción entre la idea de sistemas de protección internacionales de los derechos humanos y el no acatamiento de lo que dice ese informe sobre la detención de Sala?
Eso parece lamentable porque coloca al Estado argentino frente a la comunidad jurídica internacional en una situación de aislamiento. Si uno burla los mandatos derivados de estos órganos, prácticamente se coloca en situación de desobediencia o desacato y esto es poner definitivamente en crisis el sistema de protección del orden mundial como regional. No es la primera vez que pasa en la Argentina, en particular, o en la región, en general. En el caso de Venezuela, la situación de Leopoldo López es equivalente. Sin embargo, la administración Maduro ensaya una respuesta negativa. Lo curioso es que aquí no se ensaya ninguna respuesta. Yo no puedo prejuzgar, lo que sí desde el punto de vista abstracto y objetivo, cualquier Estado si no quiere caer en el aislacionismo o si no quiere poner en crisis el mecanismo de protección tiene que cumplir, tiene que acatar las decisiones.
¿Qué debería hacerse una vez emitido el informe: debería ordenar la libertad el Poder Judicial o esperar a que el Ejecutivo realice un informe?
Lo curioso es que el Estado argentino responde a través de la Cancillería, pero hay un departamento que no es el propio. El Ejecutivo no puede ordenar la libertad, lo tiene que hacer el Poder Judicial. De algún modo, los mecanismos tienen que articularse de modo tal de que la actuación de algún representante del Ejecutivo intervenga en el litigio y trate de generar una solución por la vía jurisdiccional. Se da en el caso todavía la paradoja de que es el poder judicial de la provincia de Jujuy. Ya hay jurisprudencia de la Corte que, una vez que intervienen organismos internacionales, el caso se federaliza. Creo que estamos en condiciones ya de analizar un proceso del orden federal y no local.
¿Ante la Cámara de Casación estaba la denuncia por la detención de Sala pese a tener fueros por ser diputada electa del Parlasur?
Es una contienda de competencia que estaba trabada en el marco de la denuncia que formulan contra los funcionarios locales desde el gobernador hasta los judiciales. Ese planteo está recurrido ante la Corte Suprema. Yo no intervine puntualmente en el caso. Los colegas rechazaron esa pretensión, pero fue previo a la aparición de este informe. Si mal no recuerdo en el caso de Iván Torres, desaparecido en Chubut, la Corte sostiene que cuando media la intervención de organismos internacionales prima la competencia de la justicia federal.
En el libro, usted sostiene que en varios países de la región se percibe un “neoautoritarismo”. ¿A qué se refiere?
Nadie duda que hay una pugna entre lo que se da a llamar financierismo a través de corporaciones, que tratan de mitigar y desvanecer la intervención de los Estados nacionales; que, en verdad, pugnan por sistemas excluyentes y que, para el caso, lo que tienen que neutralizar es la actuación del Poder Judicial, que es el reaseguro, el resguardo último de derechos en el plano local y que tienen que garantizar precisamente los derechos frente a lo que puede ser el avasallamiento de los derechos frente a los poderes formales o fácticos.
¿Las corporaciones buscan neutralizar al Poder Judicial o éste tiene un programa propio, como se ve con lo que sucede en Brasil o mismo en la Argentina?
Sí, el fenómeno es tanto más complejo. En definitiva, lo que hay que ver cómo se acompasa la situación del Poder Judicial frente a la situación de nuevas hegemonías en el contexto de estas democracias condicionadas, que siempre tratan esos poderes de subalternizar al otro. No son propias de la Argentina, son propias de un catálogo universal. Hay particularidades. Yo diría que hay fenómenos más o menos bizarros. Es propio de una reacción corporativa y que guarda una nota de autoconservación, si se quiere. El Poder Judicial, desde esa condición, es un protagonista, ocupa un rol dentro de la democracia, pero lo que no puede hacer es suplantar la voz de los otros poderes. Cuando juega un rol para reemplazar otros poderes del Estado, es un fenómeno patológico en una democracia.
¿Desde cuándo diría que Comodoro Py ocupa la centralidad de la escena política?
Es característico de los últimos meses. Nunca se había visto una estética propia de chalecos anti-balas, cascos, vallas, un circular permanente—ya sea detenido o no, ya sea acompañado de militancia o no. Eso no había tenido lugar nunca y como fenómeno es inédito para la Argentina.
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Pero no se percibía esta centralidad con la crisis de los servicios de inteligencia, digamos desde mediados de 2014, cuando la Cámara declara la inconstitucionalidad del Memorándum de Entendimiento con Irán?
Quizá todo este último tiempo. Esa imagen que se vive de casi sobreactuación mediática del Poder Judicial es característica de estos últimos meses.
¿La denuncia y la posterior muerte del fiscal Alberto Nisman dejó al descubierto un clivaje en Comodoro Py?
Esa connivencia muchas veces se había puesto en evidencia. La muerte es el episodio más dramático de todo esto y yo la lamento profundamente porque trabajé convergentemente al frente de la Unidad AMIA. Al interior del Poder Judicial, operó una convulsión. Hay que lamentar que la muerte desnude de lo que se trataba.
¿Desnuda la connivencia con los servicios de inteligencia?
Cuando se proclama la independencia del Poder Ejecutivo y de la administración, debo recordar que la administración también comprende a la policía y a la policía secreta. Por eso hay que conservar la condición de imparcialidad que deben tener los jueces.
El diario Clarín denunció una maniobra, días atrás, en Casación para dejar a todos los jueces sin posibilidad de intervenir en la denuncia de Nisman después de una presentación del abogado de Héctor Timerman…
Todos querían ver detrás una maniobra, pero sin denuncia de irregularidades por parte de los que están legitimados para actuar en las causas, el Ministerio Público, así como las querellas. Nadie denunció eso. No sé de dónde se dispara esta pretensión de alguna maniobra.
¿No está relacionado con la renovación de autoridades dentro de Casación?
Probablemente se jueguen esos intereses, pero mediatizar la muerte de 85 personas, sumado a la cantidad de heridos en uno de los episodios más traumáticos de nuestra historia en función de esos intereses me parece gravísimo.
¿Qué opinión tiene de los intentos de socavar el poder de la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, o de forzar su renuncia?
Es una presión inaceptable la que opera contra Gils Carbó, pero que tiene lugar más allá de su rol y función en relación con su carácter de miembro fundante de nuestra asociación civil. Calificar a los jueces como un cuerpo compacto, monolítico, unitario es un error a todas luces. Justicia Legítima se constituyó a fin de salvaguardar la independencia contra todos los poderes, no sólo formales sino también fácticos, que incluye a los medios. En verdad, lo que hizo fue traducir alguna dosis de nerviosismo dentro de los sectores tradicionales, que defienden modelos más arcaicos, de privilegio. Cuando nosotros denunciamos, desde siempre, la necesidad de pagar el impuesto a las ganancias, de exhibir las declaraciones juradas, sabíamos que operábamos como un factor revulsivo dentro del Poder Judicial.
¿Cómo califica la actitud de Juan Carlos Gemignani frente a la prosecretaria María Amelia Expucci, a quien ordenó detener e incomunicar por no seguir sus directivas?
No puedo ni debo valorar la conducta de un par. Para eso están llamados a intervenir otros colegas en el ámbito del Consejo, dentro de la jurisdicción federal penal. Lo que sí me queda claro es que se pronunciaron muchas organizaciones censurando el episodio desafortunado.
