Entre la indignación y la justificación el mundo presencia las consecuencias de la política migratoria puesta en marcha por el gobierno estadounidense bajo la premisa de “tolerancia cero”. Esta política ha generado que desde mediados de abril al menos 2 mil niños fueran separados de sus padres y trasladados a centros de acogida o detenidos transitoriamente en “jaulas” improvisadas en los pasos fronterizos.
Una constante en la retórica de Trump es culpar a las “débiles políticas contra la migración ilegal” de su antecesor Barack Obama y este caso no fue la excepción. De esta manera, el magnate busca presionar a los representantes demócratas en el Congreso para que habiliten una reforma de las leyes migratorias que incluya la financiación de la ampliación del muro ubicado en la frontera sur con México.
La separación de las familias tiene, para la administración norteamericana, el objetivo de disuadir la llegada de migrantes en situación irregular. Una vez más la respuesta institucional es la aplicación del paradigma de “securitización” en materia de gobernabilidad migratoria. Este paradigma implementa el control y la expulsión, así como también asocia la migración con el delito y la inseguridad ciudadana. El terrorismo, el narcotráfico, la desocupación, la pérdida de identidad nacional y la presión sobre los servicios públicos, que supondría un gasto público mayor, son algunos de los temas sobre los que se sustenta esta perspectiva.
La realidad es que el endurecimiento de las políticas en materia migratoria no funciona como un elemento de disuasión para quienes ven la oportunidad de abandonar sus países origen como la única alternativa para mejorar sus condiciones de vida. Numerosas investigaciones demuestran que una política migratoria restrictiva, lejos de producir una disminución en la llegada de extranjeros, lo único que hace es agravar las condiciones en las que se ingresa al país de destino. Según datos de la OIM, los inmigrantes muertos en el mediterráneo cuando trataban de alcanzar las costas europeas fueron más 3000 en 2017 y más de 15 mil desde 2014, por poner un ejemplo.
“Nadie pone a su hijo en un barco a menos que el agua sea más segura que la tierra” escribió la poeta somalí Warshan Shire. Esta frase fue reproducida esta semana en diferentes notas periodísticas y en las redes sociales, a partir de la decisión del ministro del Interior italiano, el derechista Matteo Salvini, de rechazar la llegada a puertos italianos del “Aquarius”, un barco que navegaba con 629 migrantes que habían sido rescatados y que finalmente desembarcó en territorio español.
En Estados Unidos si bien el número de deportaciones en 2017 fue menor a las producidas durante cualquier periodo de la gestión Obama, los arrestos de migrantes irregulares aumentaron. En abril de este año, a fuerza de ordenes ejecutivas y memorandos, Trump buscó reformar las leyes que regulan la permanencia y admisión de los migrantes y, de esta manera, cumplir con sus promesas de campaña. Las decisiones del ejecutivo establecieron deportaciones expeditas y endurecieron los requisitos de asilo, entre otras medidas.
El resultado fue que en mayo de 2018 se registró la mayor cantidad de detenciones desde que el magnate asumió el poder en 2016.
El combate a la “inmigración en cadena” que el magnate agitó en el último tiempo no es otra cosa que la privación del derecho a la reunificación familiar. Los tratados internacionales desaconsejan o directamente prohíben la separación de los niños de sus padres en caso de migración ilegal. Es importante señalar la deuda que han tenido los diferentes gobiernos norteamericanos con la protección de la niñez: ninguno ha ratificado la convención sobre los derechos del niño.
La ley estadounidense permite enjuiciar a un adulto que cruzó ilegalmente la frontera, pero no está permitido hacer lo mismo con los niños, a quienes se los envía a un centro de acogida. A última hora del miércoles, Trump anunció que frenaría esta política de separación de familias, pero no las deportaciones, por lo cual los hijos podrán permanecer detenidos junto a sus padres hasta ser expulsados.
Tanto la posición de Estados Unidos, como la de algunos países del espacio shengen europeo, parecen dar por tierra los otros paradigmas que regulan las migraciones internacionales. De esta manera el codesarrollo, la libre circulación de personas y la migración como un derecho humano, del cual la ley argentina es un exponente mundial, se transforman en posibilidades remotas.
Para plantear soluciones alternativas a la crisis de gobernabilidad migratoria que sufren los países desarrollados es necesario repensar la migración como consecuencia de una globalización y una liberalización de la economía, que no fue de la mano con la libre circulación de personas. Un sistema que consolida la desigualdad, entre países y regiones no puede pretender que las personas abandonen su instinto de supervivencia y se resignen al destino que el orden global ha determinado para los países en los que nacieron.
