Según el sociólogo
Manuel Castells, algunas decisiones de los actores sociales que disputan relaciones de poder, por diversos factores, pueden llegar a ir en contra de sus propios intereses y valores. Puede llegar a ser un error no forzado o, tal vez, forzar un error. En este caso,
quien parece actuar en contra de los intereses del Estado nacional y de los argumentos del Gobierno que integra es Laura Alonso, la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), en el marco del reclamo multimillonario de fondos buitres contra el país en la justicia de EEUU por la expropiación de YPF en 2012.
Es que ayer, la Corte del Distrito Sur de Nueva York le dio un
duro golpe al gobierno nacional al fallar en contra de la Argentina y resolver que la demanda por USD3000 millones por la expropiación de la petrolera nacional presentada por el fondo buitre Burford Capital deberá seguir adelante en Estados Unidos, y no trasladarse a Buenos Aires como había reclamado el Ejecutivo de Cambiemos.
"La confiscación del 51% de las acciones de YPF fue fraudulenta e ilegal", disparó Alonso en una entrevista con el periodista oficialista
Eduardo Feinmann por radio La Red. Justamente,
ése, la presunta ilegalidad de la expropiación, es el argumento de los fondos buitre que reclaman compensación económica a la Argentina, mientras que desde que se inició la contienda judicial en 2015 tanto la defensa de la gestión kirchnerista como la actual sostienen en la causa que se trató de una decisión soberana.
En línea con lo que afirmó el propio presidente
Mauricio Macri a un medio español este año, la titular de la Oficina Anticorrupción, que votó en contra de la nacionalización de la petrolera cuando era diputada, sostuvo que
"la confiscación fue un robo".
“Lo que hay que aprender de esto es que las decisiones tribuneras se terminan pagando”, dijo sobre la nacionalización de YPF, que se cristalizó en el Congreso en mayo de 2012 cuando Argentina llegó a un acuerdo con Repsol por la compra del 51% del paquete accionario de YPF por un monto total de 5 mil millones de dólares, la mitad de lo que reclamaban inicialmente los españoles.
Cabe recordar que
la justicia norteamericana tiene detenida por un hold la demanda por otros USD 500 millones de otro fondo buitre, el Eton, dado que la jueza de esta causa había tomado la determinación de esperar la resolución del litigio de Burford.
No obstante, hoy hubo
dos novedades de involucran a los dos fondos buitre: por un lado,
el Burford Capital hoy anunció que vendió otro 3,75% de los derechos que había adquirido en el juicio que inició el Grupo Petersen de la familia Eskenazi y en el que ayer tuvo un fallo favorable. La venta se hizo por un valor de USD 30 millones -el total de la demanda es por unos USD 3000 millones.
No obstante,
el más trascendente de los anuncios es que esa venta fue para financiar la compra del 70% del litigio de Eton Park, el que era tercer accionista más grande de la petrolera de bandera. Es decir que Burford tiene ahora otro juicio contra la Argentina.
En este panorama,
la gravedad de las declaraciones de Alonso en línea con lo que reclaman ambos fondos buitre dispara especulaciones respecto del hipotético interés futuro del Gobierno en volver a privatizar YPF. De hecho, la situación recuerda a que en el marco del acuerdo con el FMI, el Ejecutivo afirmó que los ahorros previsionales fueron "confiscados" a las AFJP, lo que podría servirle a la multinacional MetLife en el juicio contra el Estado por la estatización de esos fondos, ahora en poder de la ANSES.
