Hace cinco meses Milagro Sala se transformó en una presa política. El 16 de enero fue arrestada por el acampe que la Túpac Amaru y otras organizaciones sociales llevaban delante de forma pacífica frente a la Gobernación de la Provincia de Jujuy. Diez días después se ordenó el cese de esa detención. Sin embargo, no fue dejada en libertad: ese mismo día Walter Morales- hermano del Gobernador y Presidente del Instituto de la Vivienda desde el 10 de diciembre- y el Fiscal de Estado la denunciaron por asociación ilícita, extorsión y fraude a la administración pública y se ordenó una nueva detención, que es la que hoy persiste. Las amenazas, extorsiones y aprietes contra militantes de la Túpac Amaru son moneda corriente.
“Actualmente Milagro cuenta con cuatro órdenes de detención por causas viejas en las que no fue imputada por más de diez años”, explicó a Política Argentina la abogada defensora Elizabeth Gómez Alcorta. Y agregó que se trata de un procedimiento completamente irregular porque “para dejar detenida a una persona tenés que tener semiplena prueba de que el hecho existió, de que ese hecho es un delito y de su responsabilidad en ese hecho y además de que existe un riesgo de que la persona se quiera fugar. Nada de eso hay en ninguna causa contra Milagro Sala a la fecha”. La prisión preventiva fue dictada a los cien días de haber sido detenida.
La Ley 27.120 establece en su artículo 16 que las inmunidades parlamentarias rigen también para los diputados del Parlasur. Es decir, desde el momento en que fue electa parlamentaria del Mercosur, Milagro Sala goza tanto de la inmunidad de arresto como de la inmunidad de opinión. La abogada apuntó que estos privilegios son regulados por ley justamente para “resguardar el ejercicio de la función del parlamentario. Si no, cualquiera puede denunciarlo y no asume el cargo. Eso es lo que está sucediendo con Milagro que lleva 150 días sin poder ocupar su banca”. “
La Ley en Jujuy no existe y esto es algo sumamente grave en términos de un Estado de derecho. Nos deja una sensación de absoluta indefensión porque las leyes en Jujuy no se aplican”, añade. La Ley 27.120 no fue declarada inconstitucional por ningún juez de Jujuy. Eso quiere decir que los magistrados deben aplicarla. Se trata de una detención ilegal y por razones políticas.
En 2009 el Gobernador Gerardo Morales había denunciado a Milagro Sala por daños y amenazas en un escrache que le hicieron cuando estaba por dar una charla. El 12 de mayo pasado se declaró la prescripción del delito de amenazas en esa causa pero subsiste el de daño. Lo curioso es que al momento del hecho Milagro Sala ni siquiera se encontraba en Jujuy. “El ensañamiento de Morales contra Milagro tiene que ver con tres cosas: con que Milagro generó el consenso popular en Jujuy para que Blaquier (dueño de Ledesma) fuera procesado, con que la Túpac hizo obra pública más barata y en forma más eficiente que cualquier empresa privada y con que Milagro hizo por Jujuy lo que no hicieron otros políticos, como Gerardo Morales teniendo cargos institucionales desde hace treinta años”, manifestó el coordinador nacional de la Túpac Amaru, Alejandro “Coco” Garfagnini.
A pocos días de haber asumido, Gerardo Morales llamó a sesiones extraordinarias y, entre otras cosas, amplió la Corte Suprema de Justicia de Jujuy de cinco a nueve jueces. De esta manera, y con un procedimiento más que irregular, dos legisladores radicales que habían votado a favor de la reforma se transformaron en miembros de la Corte 24 horas más tarde.
“Cuando decimos que el Poder Judicial es un brazo del poder político en Jujuy, tiene que ver con esto, un Poder Judicial adepto y disciplinado”, denuncia Alcorta.
Fue en consonancia con esta falta de independencia de la justicia que
Liliana Fernández de Montiel, una fiscal de menores, estuvo interviniendo hasta abril en la causa contra Milagro Sala. “La pusieron como fiscal para las causas que se radicaran contra Milagro Sala. Es la resolución n° 2 del Ministerio Público de la Acusación que fue dictada el 18 de enero”, señala la abogada y agrega que ese procedimiento “es absolutamente ilegal, inconstitucional, arbitrario, abusivo”. Como agravante se suma que el 1 de febrero debía volver a su fiscalía pero una nueva resolución la habilitó para seguir interviniendo en el caso. Ante estas irregularidades, Liliana Montiel fue denunciada penalmente como partícipe de la privación ilegal de la libertad de Sala junto con el fiscal general de la provincia y esas resoluciones debieron ser anuladas.
“Tenemos a Miagro y a otros seis compañeros más presos, tenemos allanamientos cotidianos, hemos tenido 25 allanamientos en un solo día en el barrio de la Túpac Amaru y hay compañeros que fueron detenidos por averiguación de antecedentes 48 horas por portar identificación de la organización. La responsabilidad del Gobernador Morales es total”.
“Hubo integrantes del gobierno de Fellner detenidos, allanamientos a intendencias del Partido Justicialista y tres detenidos del Sindicato Municipal de Jujuy que después fueron liberados. Esto demuestra que Gerardo Morales utiliza el Poder Judicial para eliminar cualquier intento de oposición en Jujuy”. El relato de Garfagnini remite inevitablemente a épocas del terrorismo de Estado. Relación que se refuerza cuando afirma que “el grupo Ledesma le financió la campaña a Morales”. Las relaciones de Blaquier con la última dictadura cívico-militar son conocidas.
El hostigamiento se extendió hasta los abogados defensores: a la doctora Gómez Alcorta dos jueces la denunciaron penalmente en una causa por usurpación de título que, en palabras de la abogada, “fue archivada por lo burda que era”, mientras que a Luis Paz, el otro defensor, lo imputaron por una supuesta amenaza coactiva.
En la misma línea, el primer fiscal que intervino en la causa del acampe fue denunciado por Gerardo Morales por incumplimiento de los deberes de funcionario público por no imputar a Milagro Sala. A esto se suma el intento de suicidio de la Diputada Mabel Belconte ante las extorsiones para que declarara en contra de Sala. Y la lista sigue.
El manejo de la justicia por parte de Morales es evidente. De hecho fue el Gobernador quien abrió el año judicial y no el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia. A esto se suma la firma del decreto 403 en el que Gerardo Morales manda a detener a quienes estuvieran en el acampe después de la medianoche del 14 de enero, para lo que no tiene facultades. “En ese decreto dice que va a detener a Milagro e integrantes de la Túpac Amaru. A confesión de parte, relevo de pruebas”, concluye el coordinador nacional de la Túpac.
Hace una semana se difundió que en el penal de Alto Comedero donde está Milagro Sala no había gas, agua caliente ni calefacción. Ante la indignación que provocó la noticia, instalaron un calefón y compraron estufas. Después le sacaron la foto que se publicó en varios medios. “Me parece bien que cuando uno reclama algo tan básico las cosas se resuelvan. Ahora hay que resolver el tema de las celdas de castigo que son prácticamente celdas de tortura, donde a las internas las hacen dormir en colchones mojados y sin luz”, señala Garfagnin que además denuncia que “las celdas de aislamiento son ilegales pero en este mismo momento en Alto Comedero existen y hay compañeras en esas celdas de castigo”.
Pero eso no es todo. María Molina, militante de la Túpac Amaru, está detenida en la Comisaría de la Mujer desde hace más de un mes y medio, algo completamente ilegal. No se puede usar una comisaría como cárcel. Según denuncia el coordinador nacional de la Túpac lo que pasa es que “no quieren tramitarle el pase al penal para evitar que se encuentre con Milagro”. Por eso, ante las condiciones prácticamente infrahumanas en las que está viviendo, María Molina mantiene una huelga de hambre.
