La Secretaría de Comercio que depende del Ministerio de Economía de la Nación, realizó a partir de marzo más de 400 sondeos en supermercados y confirmó que
existe una desviación promedio en el peso real de los productos respecto a lo que dice el envase de un 2,3% en contra del consumidor. El porcentaje equivaldría a $2,30 cada $100 que el comprador paga de más en la compra de cada producto. Pese a que no pareciera una suma sustancial, la empresa facturaría de manera fraudulenta ese monto, multiplicado aritméticamente miles de veces a lo largo del mes.
El Gobierno imputó a varias marcas y podría aplicar multas. Algunas de ellas fueron Walmart, Coto, Carrefour y Día en productos como carne vacuna, filete de salmón rosado, bife de chorizo y queso azul, que son algunos de aquellos que los supermercados fraccionan.
En marzo y lo que va de abril un grupo de los 60 inspectores realizó mediciones en 14 sucursales de supermercados para realizar unos 400 controles en el peso de los productos que esas empresas se ocupan de fraccionar, como las
carnes, el pescado y los quesos.
Según informó Página/12, la mayor diferencia promedio se encontró en los supermercados
Dia, con el 5,7 por ciento en 28 mediciones de seis productos en dos sucursales. Le sigue
Carrefour con el 4,4 por ciento en 83 mediciones de nueve artículos en dos sucursales. En tercer lugar,
Coto, con 2,8 por ciento a lo largo de 75 mediciones en 8 productos analizados en dos sucursales. En tanto,
Walmart registró una diferencia de 2,6 por ciento en 93 mediciones de diez bienes pesados en tres sucursales. Un escalón más abajo están
Jumbo (diferencia media de 1,7 por ciento), Vea (1,2), Disco (0,2) y Changomás (0,1 por ciento). Entre los casos de diferencias más significativas está el Carrefour de Vicente López, en donde la bandeja de salmón rosado registró diferencias de peso del 15 por ciento. En el Walmart de La Plata, la diferencia en el peso del peceto fue del 29 por ciento.
La secretaría abrió investigaciones e informó a los supermercados de las imputaciones. La nueva legislación aprobada a fines del año pasado en el paquete que incluyó la ley de Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo, establece que si Comercio aplica multas, las empresas tienen que pagar para poder después apelar en la Justicia.
Advirtieron que los controles van a continuar.
