Foto: Télam.
Durante la madrugada, un enorme operativo policial se desplegó en las inmediaciones del edificio del Ex Patronato de la Infancia, más conocido como Padelai, en el barrio porteño de San Telmo, tras una orden de desalojo del inmueble dispuesta en las últimas horas por la Justicia. Organizaciones sociales y las casi 70 familias que habitan el lugar reclamaron ayuda y una solución concreta que no los deje en la calle. Mientras continúan las negociaciones, algunos residentes comenzaron a aceptar el traslado.
La propiedad pertenece al gobierno de la Ciudad y está ubicada sobre la calle Balcarce al 1100, entre San Juan y Humberto I. Las 68 familias que viven allí decidieron resistir la orden de desalojo librada por la jueza María Lorena Tula del Moral, del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas porteño, hasta tanto se les garantice una alternativa.
Sergio Constantino, secretario de Descentralización, concurrió al lugar junto a personal de los ministerios de Desarrollo Humano y de Hábitat y Espacio Público, para iniciar una negociación para que el desalojo sea pacífico. Pero la zona está vallada desde las 4 de la madrugada y fuertemente custodiada por decenas de efectivos policiales. El vallado abarcó varias manzanas a la redonda, por lo que hubo preocupación y temor ante un posible desalojo violento.
En tanto, en declaraciones formuladas a la agencia Télam, el abogado que representa a las familias, Sebastián Alanis, informó:
"Estamos abriendo una instancia de negociación con las autoridades del gobierno de la Ciudad, pero serán duras ya que están decididas a desalojar hoy mismo".
En diálogo con Radio 10, Alanis resaltó que “según el Registro de la Propiedad, el edificio está a nombre de la cooperativa de consumo limitada de San Telmo que integran las familias que lo ocupan". Y advirtió que "sin perjuicio de eso, el Gobierno ha instado, a partir de un juicio de usurpación, el desalojo del mismo".
“Vamos a vemor cómo resolvemos. Por el momento algunos no aceptaron lo que les ofrecen porque no llegan a cubrir el monto de una habitacion”, detalló Alanis a Nueva Ciudad. Según indicó,
el Gobierno prometió 4 mil pesos mensuales como subsidio hasta que les salga el crédito para una vivienda. “El problema es que las condiciones para que te den el subsidio es que tengas un ingreso declarado. La mayoria de esta gente, dada la precariedad en la que viven, trabajan en negro. Ahí vamos a tener un punto de conflicto”, advirtió el letrado.
El edificio ya había sido desalojado en 2003 con el argumento de que corría peligro de derrumbe y nuevamente ocupado en 2012 por las familias, muchas de las cuales residen allí desde 1979. Vecinos y referentes denuncian que el argumento del riesgo edilicio es una excusa del gobierno porteño para avanzar con el desalojo, tal como se hizo en otros casos.
