La jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, Elena Liberatori, falló a favor de la
constitucionalidad de la toma de colegios en territorio porteño.
La magistrada hizo lugar a un amparo en el que ordenó al gobierno porteño no enviar ninguna instrucción a los directores de escuelas, que implique denunciar a la policía las ocupaciones. Dichas instrucciones sugerían asistir a la comisaría más cercana en caso de la ocupación del edificio escolar.
Para la jueza , estas medidas son de nulidad absoluta. Es decir,
no tiene validez ni legalidad que los directivos de las escuelas tomadas denuncien el hecho a la policía.
Sobre el fondo de la cuestión fue contundente, al afirmar que los alumnos que mantienen tomadas más de 30 establecimientos educativos
"están haciendo uso de sus derechos constitucionales".
