Tras el
intento de golpe de Estado ensayado por manifestantes bolsonaristas en Brasil contra el presidente
Lula da Silva,
la Corte Suprema de ese país apartó de su cargo al gobernador del Distrito Federal de Brasilia, Ibaneis Rocha, por 90 días, hasta tanto se aclaren los hechos de este domingo.
La medida de apartar del cargo al dirigente también bolsonarista fue adoptada por el juez
Alexandre de Moraes, integrante del máximo tribunal de Justicia de Brasil.
También ordenó a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado actuar para liberar cualquier tipo de vía o edificio público ocupado por partidarios del expresidente Jair Bolsonaro en todo el país.
El juez concretó un pedido de parte de aliados de Lula, basado en que “la escalada violenta” contra la sede de los tres poderes “solo podía ocurrir con la anuencia, y hasta la participación efectiva,” de las autoridades competentes por la seguridad pública e inteligencia.
Rocha, advertido del grosero error que mínimamente había cometido la gestión que encabeza, horas antes de ser corrido de su cargo había pedido disculpas al presidente Lula y a la cúpula de los poderes Legislativo y Judicial por los graves acontecimientos ocurridos en la tarde del domingo en la capital brasileña.
Mientras continuaban los incidentes, Rocha realizó una publicación en las redes sociales en la que anunció la destitución del Secretario de Seguridad del Distrito Federal, Anderson Torres, quien por estas horas se encuentra en EEUU, al igual que Bolsonaro.
Por si las responsabilidades políticas fueran poco, aparecieron pruebas concretas.
Antes de que los seguidores bolsonaristas ingresaran por la fuerza al Palacio del Planalto, y a los edificios del Supremo Tribunal Federal (STF) y del Congreso Nacional, el secretario de Seguridad Pública en ejercicio en ese momento en la capital, Fernando de Sousa Oliveira, le envió un audio al gobernador Rocha en el cual afirma que estaba “todo tranquilo” y que la manifestación era “totalmente pacífica”.
En la grabación el funcionario también admite que su secretaría negoció con las personas que estaban realizando el acampe enfrente del cuartel general del Ejército de Brasilia para que fuesen hasta la Explanada de los Ministerios de forma “pacífica y organizada”, como así también que habían aceptado que la Policía los acompañara desde el campamento hasta la Plaza de los Tres Poderes, en un tramo de aproximadamente ocho kilómetros.
En tanto, el secretario también le dice a Rocha que había 150 ómnibus en el Distrito Federal, que estaban monitoreados por organismos de inteligencia, y que no había “ningún informe de alguna cuestión agresiva”, todo según datos a los que accedió ese reconocido medio brasileño.
“Gobernador, le voy a pasar el último informe, del mediodía. Todo tranquilo. Los manifestantes están descendiendo desde el sector militar, controlados, escoltados por la Policía. Tuvimos una negociación para que ellos descendieran de forma pacífica, organizada, acompañada. Lo hicieron. Están en un clima bien tranquilo, bien ameno. Una manifestación tranquila, totalmente pacífica. Hasta ahora. Nuestra inteligencia está monitoreando y no hay ningún informe de alguna cuestión agresiva o ligada a ese tipo de comportamientos”, decía Oliveira a Rocha.
Oliveira tenía el control de la Secretaría de Seguridad porque Anderson Torres, ahora cesado de su cargo, estaba de vacaciones en Estados Unidos.
