Gils Carbó: "Lo del Presidente de la Nación es muy lamentable"

“Recurriremos a la opinión pública y pediremos los instrumentos necesarios al Congreso para tener alguien idóneo, responsable, respetable... no un Procurador que sea amigo del Presidente, sino un Procurador que ayude a que se cumpla la ley”, disparó Mauricio Macri, actual presidente y por entonces jefe de Gobierno porteño y aspirante a llegar a la Casa Rosada, frente a empresarios y banqueros en agosto de 2015. Luego, el líder de Cambiemos se quedó con el ballotage y llegaron los fallidos proyectos de ley orgánica para modificar el Ministerio Público Fiscal (MPF) y con eso correrla o al menos limitar su mandato. Más y más declaraciones. Hasta incluso la hipótesis pública de un legislador del oficialismo de echarla por decreto, cuando la Constitución indica que la única modalidad legal para desplazarla es a través de un juicio político que requeriría dos tercios en ambas cámaras del Congreso. En medio de todo eso, la citación a indagatoria por una causa que tramitan el fiscal Eduardo Taiano y el juez Julián Ercolini en la que se investiga la supuesta compra irregular de un edificio del organismo.

La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, habló en exclusiva con Política Argentina y descartó de plano cualquier posibilidad de "ceder a las presiones" por las que responsabiliza al mandatario y al gobierno nacional. Tras reunir el apoyo de casi una veintena de sus pares de Iberoamérica que se reunieron en Argentina para repudiar "todo acto contrario a la independencia y autonomía de los Ministerios Publicos" y rechazar "cualquier tipo de hostigamiento, acoso, amenaza, intimidación y agresión" dirigidas contra los titulares de estos organismos judiciales, la jefa de los fiscales denunció, justamente, "hostigamiento, amenazas y ataques" por parte del Presidente con el propósito de la "concentración del poder". Insistió en comparar el accionar de Macri con el del jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro, y sostuvo que se trata de un "daño lamentable" que vulnera la obligación de "solucionarle los problemas a la gente".


-Más allá de su rol institucional, ¿cómo está viviendo como persona y específicamente como mujer esta situación de hostigamiento, amenazas y presiones que denuncia?

Principalmente preocupada por la institucionalidad, por defender todo lo que la Constitución pone sobre mis hombros cuando dice que el procurador general de la Nación es el máximo jefe de un poder del Estado. Es un gran deber y se trata de defender los pilares de ese organismo. El hecho de que la Constitución le haya dado esa jerarquía y esa colocación es una garantía para todos los ciudadanos para la defensa de los derechos fundamentales, para la defensa de la independencia judicial. Y lo que más siento es mi deber como ciudadana y como procuradora de proteger esas herramientas que tiene la sociedad para poder construir una paz social en este momento en parte en mi cabeza ante el ejercicio del cargo. Respecto del género, es un detalle que hoy comentábamos con los procuradores y fiscales generales respecto de cómo había sido más fuerte, más violento el hostigamiento en los casos de Guatemala, de Venezuela y de Argentina en lo verbal y en lo gestual. La similitud que tienen los casos de Venezuela y de Argentina es ver cómo todo un aparato del Estado es utilizado por el Gobierno para atacar a una persona, y esa persona es una mujer, una mujer a la que se ataca en realidad para poder controlar a una institución. Porque el propio Presidente ha dicho que él quiere designar a un hombre de su confianza y aclaró que tiene que ser varón.  

-¿Cuál piensa que es el objetivo de Macri para empreder este proceso de hostigamiento?

El objetivo es la concentración del poder. Si sucediera lo mismo que sucedió cuando Mauricio Macri era jefe de Gobierno porteño, que designó a un diputado del PRO como fiscal general, veríamos que no tenemos un Ministerio Público independiente, y esto afectaría también toda la independencia del sistema judicial. Porque la complejidad que tiene hoy la lucha contra la corrupción y el crimen organizado transnacional requiere de ministerios públicos independientes. Si usted quita al procurador afecta la estabilidad de todo el organismo, el respaldo que hoy tienen los fiscales para investigar casos como Correo o como Avianca, pero también Hotesur o el caso Nisman. Porque lo único que he hecho es generar las mejores herramientas para que todos los fiscales investiguen. Realmente quitarle esas herramientas y ponerlas en manos de un hombre de confianza llevaría a que pudieran ser utilizadas con parcialidad y con falta de objetividad, y eso afecta a toda la ciudadanía.

-Parece haberse caído la alternativa propuesta por el diputado nacional de Cambiemos Pablo Tonelli de removerla por decreto. El propio ministro de Justicia, Germán Garavano, la descartó. Sin embargo, consideró que usted debería tomar una licencia para ser juzgada "como una ciudadana más" en la causa en la que se la investiga por la supuesta compra irregular del edificio del MPF. ¿Le parece una opción viable?

Las licencias son voluntarias y no la voy a tomar. No voy a ceder a las presiones. Acá hay todo un derrotero que se viene viendo. Las amenazas y expresiones públicas que han sido permanentes durante todo este año y medio, incluyendo una campaña de difamación en la cual muchos funcionarios del Poder Ejecutivo utilizan todas las bocas de propalación que tienen para difamarme sin que yo me ocupe de contradecirlos, porque yo tengo que pensar en la gente y llevar adelante todos los recursos. He creado procuradurías; las divisiones técnicas de apoyo; la federalización de la política criminal en las provincias para que la gente pueda vivir segura y el crimen organizado no vaya tomando los territorios. Por eso instalé oficinas del MPF en los barrios más pobres de la Ciudad, del conurbano, de algunas de las provincias. Yo me estuve ocupando de eso mientras el Gobierno utiliza el poder del Estado para difamarme, para hacer dos proyectos de ley orgánica del MPF que fueron rechazados al unísono porque venían por la estabilidad y la independiencia de los fiscales, para generar una campaña de que había hecho concursos y designaciones irregulares, cosa que fue descartada por la Cámara Contencioso Administrativa que dijo que estaban hechas de acuerdo a la ley.

-Bueno, pero otra es la situación con el caso de la investigación que pesa en su contra por la presunta compra irregular de este edificio del MPF.

Una vez fracasadas todas esas estrategias, no es raro que aparezca un nuevo recurso como es la utilización de una causa judicial, para que con esas presiones que se están ejerciendo sobre la justicia obtener el pedido de citación a indagatoria y seguir con este afán de desplazar a la titular del MPF.  

-Anteriormente comparó al presidente venezolano Nicolás Maduro y a Macri respecto de estas presuntas presiones sobre los jefes de los fiscales. ¿Cuáles son las similitudes concretas entre lo ocurrido con la procuradora de ese país, Luisa Ortega Díaz, y usted?

Bueno, primero la pretensión de destituirla, que se ha expuesto muchas veces, por un medio no constitucional desplazando la vía parlamentaria. La utilización de una causa judicial, que también se usa contra Luisa Ortega. Las constantes amenazas y hostigamientos que yo no he mencionado porque no he buscado la confrontación. También el recorte presupuestario, que sufrió Ortega y también lo sufrimos nosotros. Mientras se hace campaña contra la inseguridad, resulta que se recorta un 25% el presupuesto del MPF, cuando son los fiscales los que llevan adelante la titularidad de la acción, cuando nosotros hemos creado las oficinas de atención de las víctimas de acuerdo a toda clase de delito, o nuestra dirección de análisis criminal, que lleva un monitoreo sobre alertas cuando sube determinada clase de delitos para fijar una reacción convocando a comisiones de fiscales. Todo ese trabajo se ve retaceado presupuestariamente. He salido a hablar cuando ya esta utilización del poder del Estado empieza a resquebrajar la independencia judicial, utilizando el poder máximo del derecho penal para obtener el control de la Procuración.

-Sin embargo, en la asamblea de fiscales de la AIAMP y en la declaración conjunta sólo denunciaron puntualmente el caso de Venezuela, ¿hablaron sobre su caso?

Sí, se conversó, y justamente por eso se hizo extensivo este requerimiento y esta exhortación a los poderes públicos de respetar la autonomía e independencia de nuestros organismos, y a no utilizar amenazas, hostigamientos ni presiones que entorpecieran el normal ejercicio de nuestras funciones.

-¿Y por qué no se lo dejó sentado en el texto formal?

Porque se extendió a todos los Ministerios Públicos. La razón de la convocatoria era Venezuela, vio que los abogados somos muy formales, por eso fue el principal objeto de la declaración.

-¿En qué afecta a su trabajo como cabeza de los fiscales esta disfunción con el Poder Ejecutivo?

En todo momento trabajé y sigo trabajando en coordinación con el resto de los poderes del Estado, de hecho lo hacemos con el Ministerio de Seguridad y de Justicia, como cuando participamos conjuntamente de actos y jornadas, o de opiniones sobre determinados proyectos. También con las fuerzas de seguridad, el ANSES o el Pami. Tenemos constante trabajo de coordinación con funcionarios del Poder Ejecutivo. Por eso es muy lamentable este daño, esta declaración que ha tenido el Presidente de la Nación diciendo que lamenta que yo siga en el cargo. Es un mal mensaje para lo que nosotros tenemos que garantizarle a la sociedad, tanto el Poder Ejecutivo desde su lugar como el MPF, que es una acción coordinada para solucionarle los problemas a la gente.

---

---