La situación del gobierno nacional en cuanto a la consideración de los organismos internacionales de Derechos Humanos cada vez se ve más perjudicada. Es que Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la agrupación Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES)
denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Estado argentino que administra Mauricio Macri incumplió la orden de ese organismo, según la cual se debía promover la prisión domiciliaria para Milagro Sala.
"La CIDH había dispuesto que Milagro Sala no podía permanecer en la cárcel y había solicitado al Estado argentino que garantice la vida e integridad personal de Sala con medidas alternativas a la detención preventiva como el arresto domiciliario o bien, que pueda enfrentar los procesos en libertad con medidas como la fiscalización electrónica", recordaron hoy las tres organizaciones en un comunicado conjunto.
Lo más grave de todo es que para la efectivización de esas medidas alternativas,
la CIDH determinó un plazo que "venció el 11 de agosto" y 14 días después de esa fecha "y a más de 580 días de privación de la libertad, Milagro Sala permanece detenida en la Unidad 3 de Mujeres del Servicio Penitenciario de la provincia de Jujuy, conocida como Penal del Alto Comedero".
En su denuncia ante la CIDH, subrayaron además que al reglamentar el arresto domiciliario, los jueces intervinientes eligieron como lugar de detención de Sala
"una propiedad ubicada a unos 40 kilómetros de San Salvador de Jujuy, que fue completamente saqueada, que carecía de agua corriente, de luz eléctrica y que no contaba con ventanas ni sanitarios".
La misma decisión judicial
"impone restricciones que vulneran los derechos de Sala", ya que "limita sin justificación la cantidad de personas que podrían visitarla, el tiempo en que podrían hacerlo" y también
"encomienda su custodia a la Gendarmería Nacional, lo que está expresamente prohibido por la ley".
Los denunciantes recordaron además que el presidente de la CIDH,
Francisco Eguiguren, consultado sobre el caso de Sala, había advertido que
"pasar a una persona de una prisión a otro lugar que no es el domicilio, no es prisión domiciliaria". "Eso es cambio de una a otra prisión”, había señalado.
Los tres organismos de derechos humanos aludieron en el escrito a "medidas dilatorias" y señalaron que "toda acción, estrategia dilatoria u obstáculo que impida hacer efectiva la medida de prisión domiciliaria compromete la responsabilidad del Estado argentino en su conjunto".
"En virtud de la gravedad, urgencia y la afectación grave e irreparable documentada por la CIDH que dieron origen al dictado de las medidas cautelares, es preciso que el Estado adopte medidas concretas y efectivas para disponer de inmediato las condiciones de detención indicadas en la resolución de la CIDH de julio de 2017", concluyeron.
