En un hecho inédito en la historia del país, el Gobierno nacional suspendió el ingreso de periodistas acreditados luego de que la Casa Militar denunciara "espionaje" por parte de dos periodistas de TN, hecho que se mantiene bajo investigación judicial.
Desde sus redes sociales, el Presidente manifestó que la normativa sansionada el pasado 27 de febrero "sigue vigente” y celebró la noticia por medio de una publicación escrita por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
La diputada Marcela Pagano presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei tras denunciar la prohibición de ingreso a periodistas acreditados en la Casa Rosada. El hecho, según sostuvo, no tiene antecedentes desde el retorno de la democracia y encendió alarmas en el ámbito político y periodístico.
El gobernador de Catamarca confirmó su presencia en el cumpleaños de su par salteño y esquivó dar detalles sobre el encuentro en el que, según distintas versiones, también participó el juez federal Ariel Lijo, en un contexto de causas sensibles para el Gobierno.
El oficialismo impulsa una batería de cambios que elimina las PASO, endurece la creación de partidos y suma nuevos filtros para candidaturas. Bajo el argumento de “ordenar” el sistema, la iniciativa modifica de raíz el acceso a la competencia electoral y concentra el poder en las estructuras consolidadas.
La firma arrastra un pasivo cercano a los USD 120 millones y había solicitado la quiebra al enfrentarse con la imposibilidad de cumplir con un plan de pagos que salde las deudas constatadas con más de 1.500 acreedores.
El fondo busca llevar el caso a un organismo de arbitraje del Banco Mundial y, en paralelo, analiza nuevas presentaciones en la Justicia de Estados Unidos tras el fallo que benefició a la Argentina.
La Sala II del máximo tribunal penal del país determinó que ambos condenados por delitos de lesa humanidad deben permanecer en cárceles comunes. Los magistrados basaron su decisión en la gravedad de los hechos y los compromisos internacionales de Argentina.
El salario mínimo representa hoy un tercio del nivel que mostró en septiembre de 2011, su máximo histórico. De haber sostenido su poder adquisitivo el SMVM debería llegar hoy a los 1.033.354 pesos, sin embargo en marzo apenas se ubicó en los 352.400 pesos.
El gobierno de Javier Milei busca modificar la Ley de Emergencia en Discapacidad para no tener que cumplir con ella y avanzar con su motosierra en uno de los sectores más sensibles de la sociedad.
Obtuvo dictamen el proyecto de Sturzenegger que suprime más de 70 leyes vetustas. Una de ellas, que le otorga una credencial a diputados y senadores para circular y estacionar libremente, quedó a salvo. El Ejecutivo también hizo otras concesiones.
Con una mayoría consolidada, el oficialismo busca tratar reformas sensibles como Discapacidad, Salud Mental y Propiedad Privada, además de otros expedientes pendientes.
La vicepresidenta no asistió al homenaje del cual formaron parte otros funcionarios del Gobierno para evitar mostrarse con el jefe de Gabinete. En cambio, participó de otra ceremonia en Almagro.
La vicepresidenta decidió concurrir a la Iglesia María Auxiliadora del barrio de Caballito y tras denunciar una "politización" de la misa de Luján, Villarruel tomó distancia del gabinete nacional con explosivas declaraciones contra el Gobierno.
La Sala II del máximo tribunal penal del país determinó que ambos condenados por delitos de lesa humanidad deben permanecer en cárceles comunes. Los magistrados basaron su decisión en la gravedad de los hechos y los compromisos internacionales de Argentina.
El funcionario debe saldar deudas por u$s270.000 en noviembre a cuatro acreedoras a las que recurrió para otras transacciones inmobiliarias. La causa por enriquecimiento ilícito.
El tercer número de la revista Porvenir ya está en circulación y propone un recorrido por los momentos de ruptura de la historia argentina. Sin presencia digital, el proyecto apuesta a la lectura pausada y a la discusión cara a cara.
La funcionaria Lori Chavez-DeRemer dejó su cargo en medio de investigaciones por el uso indebido de dinero estatal para viajes personales y oficiales. El caso reaviva el debate sobre la ética en la gestión pública y salpica al entorno más cercano del expresidente.
