La presentación apunta al retiro del pliego de María Verónica Michelli, familiar de Hugo Alconada Mon. Los denunciantes sostienen que el oficialismo trabó la designación por "mantener un vínculo de parentesco con un periodista crítico del Gobierno".
La diputada libertaria cuestiona que los avances de la causa hayan tomado estado público y apunta específicamente contra la “repercusión pública nacional inmediata” de su citación a comparecer ante la Justicia, y alega que su difusión en medios de comunicación supone un perjuicio tanto para el menor involucrado como para la imputada.
El juez subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto falló a favor de la medida cautelar presentada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) para evitar que se ejecutaran las órdenes plasmadas en la Resolución N° 42/2026.
El dictamen podría tener impacto en la Argentina, ya que en la denominada “ley de modernización laboral”, aprobada por el Congreso el pasado 28 de febrero, se limitó el derecho a huelga en decenas de actividades. Desde la CGT pretenden utilizar este pronunciamiento en su disputa legal con el Gobierno por la validez de la reforma laboral.
El magistrado Miguel Hugo Vaca Narvaja fijó un plazo máximo de 72 horas para que el Gobierno nacional cumpla con esta disposición. La medida cautelar responde a un amparo colectivo presentado por la abogada Marta Lastra, en representación del colectivo Defendamos Córdoba, junto a diversas instituciones y centros terapéuticos locales.
El pliego del padre del ministro de Justicia de la Nación ya había recibido el aval del Senado. La designación comenzará a regir a partir del 11 de noviembre de 2026 y finalizará en 2031.
El fiscal federal Guillermo Marijuan impulsó una serie de medidas de prueba sobre Francisco Adorni -quien asumió en diciembre de 2023 como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y fue promovido al frente del Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares (IAF) en 2025- a partir de la denuncia de la diputada Marcela Pagano.
El aportante del exdiputado mileísta admitió dos delitos graves (lavado de dinero y fraude), pero excluyó narcotráfico, con el fin de obtener una pena reducida. De esta manera, dejó al "profe" como parte de un circuito en el que se buscaba blanquear fondos obtenidos de actividades ilegales.
El expediente, a cargo del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Carlos Stornelli, se inició a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano y busca establecer si existió direccionamiento en contrataciones y licitaciones.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación intimó al Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz a enviar el expediente completo vinculado a la ampliación del máximo tribunal provincial. La decisión se dio en el marco de la causa que cuestiona la constitucionalidad de la reforma impulsada por el gobierno de Claudio Vidal.