31.08.2026 / POLÉMICA
Rutas paralizadas y un billón bajo la lupa: la Justicia pone la mira en los fondos del Gobierno
La Justicia federal requirió al Gobierno información sobre el destino de los recursos del Sistema Vial Integrado (SISVIAL), luego de una denuncia que advierte sobre la colocación de más de un billón de pesos en instrumentos financieros mientras se acumulan obras y tareas de mantenimiento pendientes en las rutas nacionales.
El juez federal Ariel Lijo pidió al Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, a la Jefatura de Gabinete y a la Dirección Nacional de Vialidad documentación vinculada con los fondos destinados a obras y mantenimiento de la red vial. La medida se enmarca en la causa iniciada a partir de las denuncias de la diputada Victoria Tolosa Paz y del gobernador Ricardo Quintela, en representación de la provincia de La Rioja.
Tolosa Paz y La Rioja fueron aceptados como querellantes, por lo que podrán impulsar la investigación y solicitar nuevas medidas de prueba. Según la denuncia riojana, al 31 de mayo de 2026 había $1.001.017.908.957 del SISVIAL colocados en plazos fijos y letras emitidas por el Tesoro Nacional. El planteo judicial advierte además que, durante los primeros dos años y medio de la gestión de Javier Milei, se asignaron alrededor de $1,5 billones al sistema, pero apenas $394.406 millones fueron aplicados efectivamente a obras y mantenimiento vial.
La denuncia de Tolosa Paz acusa a Caputo y a funcionarios de Vialidad y del Banco Nación por la presunta “malversación de caudales públicos agravada y el desvío ilegítimo de más de 1,5 billones de pesos” recaudados mediante el impuesto a los combustibles. Esos recursos tienen una afectación específica por ley y deben destinarse al mantenimiento, desarrollo y reparación de las rutas nacionales. El planteo sostiene que, en lugar de ser girados a las obras, fueron colocados en plazos fijos, bonos, títulos públicos y acciones.
Lijo también solicitó información a la Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría General de la Nación para determinar si desde 2024 se realizaron auditorías, observaciones o actuaciones sobre el fideicomiso creado por el decreto 976/01 y la cuenta especial SISVIAL. En paralelo, Tolosa Paz obtuvo en La Plata la habilitación de un amparo colectivo para exigir al Estado nacional la reactivación de obras y tareas de mantenimiento en la provincia de Buenos Aires. La investigación judicial vuelve así a poner bajo la lupa el destino de fondos que, según las denuncias, debían llegar a las rutas y terminaron en instrumentos financieros.
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