07.10.2026 / NUEVA VÍA
La Corte reabre el debate por la derogación de la Ley de Tierras a partir de otro reclamo
El máximo tribunal activó una causa impulsada por organizaciones ambientales, comunidades mapuches y particulares que cuestionan el artículo 154 del DNU 70/23. La falta de acuerdo entre los jueces obligó a convocar a dos conjueces.
La Corte Suprema reactivó un expediente presentado contra la derogación de la Ley de Tierras y convocó a dos conjueces ante la falta de unanimidad entre sus integrantes. La causa fue impulsada de manera conjunta por la Asociación Árbol de Pie, comunidades mapuches, la exlegisladora rionegrina Magdalena Odarda y vecinos.
El reclamo había sido enviado a la Corte junto con el presentado por el CECIM de La Plata por tratarse de causas relacionadas, pero el tribunal no lo incluyó en el fallo de la semana pasada, que rechazó la legitimación de los excombatientes para llevar adelante una causa colectiva.
El nuevo expediente cuestiona el artículo 154 del DNU 70/2023 y tiene una medida cautelar pendiente desde agosto de 2024. Después del fallo sobre el CECIM, los demandantes presentaron una aclaratoria para que la Corte precisara si aquella decisión también los alcanzaba y reclamaron que se resolviera el pedido cautelar. El tribunal giró entonces el caso a su Secretaría 4 y comunicó que iniciaría “un nuevo debate” al no lograr “unanimidad de criterios”.
Qué puede resolver la Corte
El caso presenta una diferencia relevante respecto del reclamo de los excombatientes: los demandantes no solo plantean una cuestión vinculada con la soberanía territorial, sino que sostienen que la Ley de Tierras funcionaba como una norma de protección ambiental y de la biodiversidad y que su derogación también afecta derechos de los pueblos originarios sobre las tierras que ocupan. Esa diferencia podría ser determinante al momento de analizar su legitimación para intervenir judicialmente.
Entre las alternativas aparece que la Corte rechace nuevamente la legitimación y considere que el reclamo no se diferencia del caso del CECIM, o que reconozca que se trata de una causa distinta y ordene que continúe su trámite en las instancias inferiores. Otra posibilidad, planteada por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, es que el tribunal dicte directamente una medida cautelar que suspenda la derogación de la Ley de Tierras mientras resuelve la cuestión de fondo.
Falta de unanimidad
La falta de acuerdo obligó a sortear dos conjueces entre los presidentes de las Cámaras Federales. Los designados fueron Diego Barroetaveña, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, y Juan Ignacio Pérez Curci, de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. Como suplentes quedaron Eduardo Farah y Jorge Morán.
La discusión vuelve a poner bajo la lupa el alcance del fallo que la Corte dictó sobre el CECIM, que dejó sin efecto la decisión de la Cámara Federal de La Plata por considerar que los excombatientes no tenían legitimación suficiente, pero evitó pronunciarse sobre la validez de la derogación de la Ley de Tierras. Ahora, el máximo tribunal deberá definir si este nuevo reclamo puede seguir otro camino.
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