La Corte Suprema está reunida desde las 9 para analizar un nuevo planteo judicial por la Ley de Tierras. El expediente incluye un pedido de medida cautelar que podría restablecer provisoriamente las restricciones a la compra de campos por extranjeros,
eliminadas por Javier Milei mediante el DNU 70/2023. La decisión abriría un nuevo escenario tras el fallo que el máximo tribunal dictó la semana pasada.
La causa fue iniciada por la
Asociación Civil Árbol de Pie y otros demandantes, entre ellos las comunidades indígenas Lafkenche y Lof Fvta Anecon. El reclamo busca determinar si la resolución sobre el Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata también alcanza a su amparo colectivo. Para acelerar el trámite, la Corte redujo de 72 a 24 horas el plazo para impugnar la integración del tribunal y habilitó días y horas inhábiles.
Expectativa por un giro en Tierras
El antecedente inmediato es el fallo del 29 de septiembre, cuando la Corte revocó una sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley 26.737. Los jueces consideraron que el CECIM, organismo impulsor del reclamo, no contaba con legitimación para el mismo. Por eso, dejaron sin efecto la sentencia anterior, pero no resolvieron si la eliminación de las restricciones dispuesta por Milei es constitucional.
Ahora, los jueces deberán decidir si envían el expediente a la Justicia Federal de La Plata o de Bariloche, o si tratan directamente el pedido por razones de urgencia. Para intervenir fueron designados los conjueces
Diego Barroetaveña, de la Cámara Federal de Casación Penal, y
Juan Ignacio Pérez Curci, de la Cámara Federal de Mendoza.
En caso de otorgar la cautelar, los límites a la compra de tierras por extranjeros podrían volver a regir de manera provisoria, sin que eso implique una definición sobre la constitucionalidad del decreto.
Congreso
La discusión judicial coincide con la ofensiva opositora para rechazar el problemático DNU de Milei en Diputados. La oposición pidió una sesión especial para el 15 de octubre, después de que el Senado rechazara el decreto en marzo de 2024.
El oficialismo concentra sus esfuerzos en derribar esa iniciativa y pretende reflotar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, al que analiza incorporar nuevas disposiciones sobre la adquisición de tierras rurales por extranjeros. Dicho paquete, apunta a establecer reglas más flexibles que las de la ley derogada.