06.11.2026 / Crisis en Paraguay
Por unanimidad, el Senado de Paraguay destituyó a Santiago Peña tras un juicio político
La Cámara alta lo declaró culpable de "mal desempeño de funciones" en un juicio político celebrado en su ausencia. Se aguarda la presencia de Pedro Alliana, actual vicepresidente, para que asuma como principal autoridad política del país.
El Senado de Paraguay aprobó la destitución del presidente Santiago Peña, en medio de una crisis política y financiera agravada por el colapso de la entidad Ueno Bank. Lo declararon culpable de "mal desempeño de funciones" en un juicio político celebrado en su ausencia.
El mandatario se ausentó y en su lugar fueron sus abogados Ricardo Preda y Adolfo Ferreiro. Se aguarda la presencia de Pedro Alliana, actual vicepresidente, para que asuma como principal autoridad política del país.
La postura de los abogados fue solicitar que se acepte la renuncia del Presidente y citaron como antecedente lo ocurrido en el 2020 con Felipe Paredes, quien renunció a su puesto dentro de la Corte Suprema de Justicia en simultáneo a un proceso de juicio político. La postura de los legisladores fue dura contra los juristas: la senadora Yolanda Paredes los acusó de no tener "legitimidad ni personería para estar en el juicio". "La defensa no refutó ninguno de los hechos", planteó el diputado Adrián Vaesken.
Finalmente, rechazaron su postura y aprobaron por unanimidad (41 votos) las incorporación de las pruebas presentadas por la comisión de fiscales acusadores en la Cámara de Diputados. En la presentación del alegato final, encabezado por la fiscal acusadora Rocío Vallejo, detalló un presunto vínculo comercial entre Santiago Peña y el Grupo Vázquez hasta 19 meses después de que inició su presidencia.
"¿Puede el presidente utilizar la estructura del Estado, sus instituciones y sus recursos para favorecer sus propios patrimonios?", se preguntó Vallejo, quien también buscó demostrar que el Instituto de Previsión Social modificó el reglamento de inversiones para direccionar sus fondos a Ueno Bank. El desfalco involucra los ahorros 3 millones de paraguayos y USD 800 millones de fondos públicos.
PEÑA AUSENTE EN EL JUICIO POLÍTICO
Durante la sesión de este viernes, Peña afirmó que presentó su renuncia el jueves para “evitar más daño al país” y para contribuir a que Paraguay recupere la tranquilidad.
En ese sentido, sostuvo que no quería que su permanencia en el cargo se convirtiera en un factor de división o inestabilidad. Según expresó, antepuso la situación nacional a su futuro personal.
“Mi responsabilidad es poner al país por encima de mi destino personal”, manifestó el jefe de Estado en una publicación.
El mandatario pidió que los paraguayos sumen esfuerzos para restablecer las instituciones y dar respuestas a las personas afectadas.
En su despedida, Peña expresó gratitud, aunque reconoció la "angustia" de quienes aguardan explicaciones. “Es momento de unir esfuerzos para reconstruir la institucionalidad y atender, con hechos y responsabilidad, a quienes están siendo afectados”, afirmó.
Presenté mi renuncia para evitar más daño al país y contribuir a devolverle la tranquilidad al Paraguay. No quiero que mi presencia sea motivo de mayor división o inestabilidad. Mi responsabilidad es poner al país por encima de mi destino personal. Hoy nos toca unirnos como paraguayos para reconstruir la institucionalidad y recuperar la confianza. Me despido con gratitud, sin desconocer la angustia de quienes hoy esperan respuestas. Es momento de unir esfuerzos para reconstruir la institucionalidad y atender, con hechos y responsabilidad, a quienes están siendo afectados. Que Dios bendiga al Paraguay.
— Santiago Peña (@SantiPenap) November 6, 2026
El conflicto se desató tras la intervención y posterior cierre de la entidad bancaria, dispuesto por el Banco Central paraguayo luego de detectar un deterioro de su solvencia. La medida dejó congelados los fondos de unos 2,9 millones de clientes y también afectó depósitos de organismos públicos.
En ese marco, la oposición puso de relieve los vínculos de Peña con el grupo empresario relacionado con la entidad y el manejo de recursos estatales. A partir de esas denuncias, la Fiscalía General abrió tres causas penales para investigar la supervisión del banco, la colocación de fondos públicos en la entidad y las actuaciones de distintas autoridades.
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