Cuatro relatorías y grupos de trabajo de las Naciones Unidas advirtieron que los recortes en los programas de asistencia alimentaria y la desregulación del mercado de productos básicos generan “serias preocupaciones” sobre el acceso a los alimentos de los sectores vulnerables y le reclamaron explicaciones al presidente
Javier Milei por las medidas que tomó desde diciembre de 2023.
La comunicación, fechada el 9 de septiembre, llegó al país hace dos meses y recién se conoció ahora, una vez vencido el plazo que el organismo otorga a los Estados para presentar un descargo. Sin embargo, el Gobierno no contestó.
“La información recibida suscita serias preocupaciones respecto de la realización del derecho a una alimentación y nutrición adecuadas en Argentina”, señalaron los especialistas, con especial énfasis en las mujeres, los niños, los hogares de bajos ingresos y las comunidades rurales.
La carta, que tiene 13 páginas, repasa distintas decisiones de la gestión libertaria que podrían afectar el acceso a los alimentos. Entre ellas, menciona los recortes al programa Alimentar Comunidad, destinado a comedores populares; los cambios en una iniciativa del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que financia proyectos alimentarios para sectores de bajos ingresos y el DNU 70/23, que derogó la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas y el Observatorio de Precios.
El planteo de los relatores también apunta a la reducción de la asistencia a comedores comunitarios, familias y huertas familiares, comunitarias y escolares.
“Nos preocupa especialmente que la reportada interrupción o reducción de la asistencia alimentaria (...) pueda afectar de manera desproporcionada a los hogares que dependen de dichos programas como fuente importante de alimentos”, advirtieron en el documento.
La presentación ante Naciones Unidas fue realizada en mayo por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Mesa Agroalimentaria Argentina y otras organizaciones. A partir de esa información, la carta fue firmada por la relatora especial sobre el derecho a la alimentación, Sofía Monsalve Suárez; el relator sobre vivienda adecuada, Koldo Casla; la presidenta del Grupo de Trabajo sobre los derechos de los campesinos, Shalmali Guttal, y la relatora sobre extrema pobreza y derechos humanos, Elena Carolina Díaz Galán.
La advertencia internacional se conoce en medio de un nuevo recorte previsto en el Presupuesto 2027. El proyecto que se encamina a tratar la Cámara de Diputados contempla una reducción de casi el 10% en términos reales de los fondos destinados a abastecer comedores comunitarios. De concretarse, el ajuste acumulado desde 2023 alcanzaría el 47,6%, en un escenario en el que también se eliminó el programa Volver al Trabajo, que incluía a mujeres encargadas de cocinar y atender en esos espacios.
“Sírvase proporcionar cualquier información sobre la manera en que el gobierno (...) entabla un diálogo constructivo con la sociedad civil afectada”, cerraron los especialistas. Hasta ahora, la administración de Milei no brindó respuestas.