21.11.2026 / INTERNACIONAL · MYANMAR

Myanmar: la Corte Internacional de Justicia determinó que hubo genocidio contra los rohinyás

La Corte Internacional de Justicia determinó que Myanmar cometió genocidio contra la minoría musulmana rohinyá durante la ofensiva militar de 2017. Es la primera vez que el máximo tribunal de Naciones Unidas declara a un Estado responsable de cometer genocidio y ordenó al país reparar a las víctimas y permitir el regreso seguro de los refugiados.





La Corte Internacional de Justicia (CIJ), el máximo tribunal de Naciones Unidas, determinó que Myanmar cometió genocidio contra la minoría rohinyá durante las operaciones militares desarrolladas en 2017 en el estado de Rakhine. En una decisión histórica adoptada por nueve votos contra seis, los jueces concluyeron que las fuerzas de seguridad actuaron con la intención de destruir, al menos parcialmente, a ese grupo étnico y religioso.

El fallo del tribunal con sede en La Haya representa un precedente internacional: es la primera vez que la CIJ declara a un Estado responsable de haber cometido genocidio. En 2007 había determinado que Serbia incumplió su obligación de prevenir el genocidio de Srebrenica, pero no había atribuido al Estado serbio la comisión directa del crimen.

La Corte concluyó que durante las llamadas “operaciones de limpieza” de 2017 las fuerzas de Myanmar mataron a miles de civiles rohinyás, provocaron graves daños físicos y psicológicos, utilizaron de manera extendida la violencia sexual y adoptaron medidas destinadas a impedir nacimientos dentro de la comunidad. Según Naciones Unidas, más de 10.000 personas fueron asesinadas durante aquella ofensiva.

Qué ocurrió con los rohinyás en Myanmar

Los rohinyás son una minoría mayoritariamente musulmana asentada históricamente en el estado de Rakhine, en el oeste de Myanmar, un país de mayoría budista. Durante décadas enfrentaron restricciones a la ciudadanía, la circulación y el acceso a derechos básicos.

La crisis alcanzó su punto máximo en agosto de 2017, cuando el Ejército lanzó una gran operación militar después de ataques de la insurgencia del Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán (ARSA) contra puestos de seguridad. Myanmar sostuvo desde entonces que se trató de una operación antiterrorista contra grupos armados.

Sin embargo, la ofensiva provocó asesinatos masivos, violaciones, incendios de aldeas y un desplazamiento de enorme escala. Más de 700.000 rohinyás cruzaron la frontera hacia Bangladesh durante aquellos meses. Actualmente alrededor de 1,2 millones viven en ese país, principalmente en los enormes campos de refugiados de Cox’s Bazar.

La Corte rechazó ahora el argumento de Myanmar de que la violencia podía explicarse exclusivamente como una operación contra la insurgencia. Los jueces determinaron que, analizadas en conjunto, las pruebas permitían concluir que existió una intención de destruir una parte sustancial de la población rohinyá.

Por qué Gambia llevó a Myanmar ante la Justicia

El proceso tiene además una particularidad: la demanda no fue presentada por Bangladesh ni por otro país directamente afectado por la llegada de refugiados, sino por Gambia, un pequeño Estado de África occidental ubicado a miles de kilómetros de Myanmar.

Gambia inició el proceso en noviembre de 2019 invocando la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. El planteo fue que todos los Estados que forman parte de esa convención tienen interés en impedir y castigar un genocidio, incluso cuando los crímenes no hayan ocurrido en su territorio ni afectado directamente a sus ciudadanos.

Myanmar intentó cuestionar la jurisdicción de la Corte y la admisibilidad de la demanda, pero esos planteos fueron rechazados en 2022. En el proceso también intervinieron Canadá, Dinamarca, Francia, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Maldivas, Eslovenia, República Democrática del Congo, Bélgica e Irlanda.

Qué deberá hacer Myanmar tras el fallo

La sentencia es definitiva, vinculante y no puede ser apelada. La Corte ordenó a Myanmar detener cualquier violación todavía vigente de la Convención sobre Genocidio, adoptar legislación para cumplir plenamente con ella e investigar, procesar y castigar a los responsables de los crímenes.

También deberá reparar a las víctimas. Entre las medidas establecidas aparece una cuestión central para el futuro de la comunidad: permitir el regreso “seguro, voluntario y digno” de los rohinyás a sus lugares de residencia y facilitar la reunificación de las familias desplazadas. La determinación concreta de las compensaciones continuará en una nueva etapa del proceso.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, calificó la sentencia como una “poderosa reivindicación” de las víctimas y sostuvo que constituye una demostración de que la impunidad frente a esos crímenes no puede prevalecer.

El principal interrogante será ahora cómo se implementará la decisión. La CIJ puede emitir fallos jurídicamente obligatorios, pero carece de fuerzas o mecanismos propios para ejecutarlos. El jefe del Mecanismo Independiente de Investigación para Myanmar de la ONU, Nicholas Koumjian, advirtió que no esperaba cambios inmediatos y señaló que corresponderá a la comunidad internacional presionar para que la sentencia sea cumplida.

Myanmar, por su parte, rechazó este viernes la decisión y la calificó de “injusta”. Su gobierno volvió a sostener que la ofensiva de 2017 fue una respuesta antiterrorista y cuestionó que las pruebas alcanzaran el estándar necesario para demostrar la existencia de genocidio.

El alcance del fallo, sin embargo, trasciende a Myanmar. La CIJ tiene actualmente ante sí otros procesos vinculados con la Convención sobre Genocidio, entre ellos los casos relacionados con Gaza y con la guerra entre Rusia y Ucrania. La primera sentencia de su historia que responsabiliza directamente a un Estado por cometer genocidio establece así un precedente que podría tener consecuencias mucho más allá de la persecución sufrida por los rohinyás.
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