Tras reconocer haber golpeado gravemente a un chico porque era gay, siete jóvenes deberán realizar
tareas comunitarias en instituciones que bregan por los derechos de la comunidad LGBTI. La fiscalía acordó una pena de tres años de prisión en suspenso por
“lesiones graves calificadas por haber sido cometidas con odio hacia la orientación sexual”.
Los agresores deberán además, realizar tareas comunitarias en el Bachillerato Popular Trans Mocha Celis, en la Casa Trans y en el Servicio de Endocrinología del Hospital Fernández.
Es la primera condena que incluye la figura de “odio hacia la orientación sexual” como agravante de la pena.
El 1° de diciembre de 2017, cerca de las 06:30, en un local de comida rápida ubicado sobre la avenida Córdoba al 3800. Allí estaba Jonathan Castellari, de 26 años, junto a un amigo hasta que ingresaron al local los siete imputados (
Gastón Trotta, Alejandro Trotta, Rodrigo Cardozo, Juan Ignacio Olivieri, Facundo Curto, Juan Bautista Antolini y Jonathan Romero).
Los ahora condenados agredieron a Jonathan por su orientación sexual, lo golpearon hasta que otro joven logró distraer al grupo y los chicos pudieron salir corriendo.
El joven golpeado fue trasladado al Sanatorio Güemes donde le diagnosticaron traumatismos en ambos ojos –con fractura de piso y cara interna de la órbita derecha-, rotura y fisura de los dientes centrales, distensión muscular y hematomas y lastimaduras por todo el cuerpo. Tras el violento episodio, Jonathan padeció ataques de pánico y tuvo que realizar un tratamiento psiquiátrico y psicológico.
A través de un acuerdo de juicio abreviado firmado con la Fiscalía los siete procesados
aceptaron su responsabilidad en la agresión y acordaron con el fiscal Fernando Fiszer una pena de tres años de prisión en suspenso por haber cometido el delito de “lesiones graves calificadas por haber sido cometidas con odio hacia la orientación sexual”. Ahora, la jueza María Cristina Bértola, del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°16 deberá evaluar si homologa el acuerdo que incluye la realización de tareas comunitarias.
El fiscal pidió, además de los tres años de prisión en suspenso, 96 horas de trabajo no remunerados en el Bachillerato Popular Trans Mocha Celis, en la Casa Trans y en el Servicio de Endocrinología del Hospital Fernández. En ese sentido, pidió también que sdeban asistir al curso sobre Discriminación y Derechos dictado por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).
