El Gobierno nacional amplió su denuncia contra Mauricio Macri y otros funcionarios de su Gobierno por el contrabando agravado de armamento represivo a Bolivia días después del golpe de Estado a Evo Morales. La presentación lleva las firmas del ministro de Justicia, Martín Soria, de la ministra de Justicia Sabina Frederic y de la titular de AFIP, Mercedes Marcó Del Pont.
En total, el Gobierno sumó 15 pruebas documentales y solicitó 5 medidas de prueba, que se suman a las que ya requirió el fiscal Navas Rial y fueron ordenadas en parte por el juez López Biscayart.
El punto central se trata de la identificación del comandante de Gendarmería Adolfo Héctor Caliba, que habría estado a cargo de la maniobra de recepción del armamento y que, según figura en registros oficiales, mantenía comunicación con la policía de la dictadura de Jeanine Áñez.
Según reconstruye Página 12 en base a una declaración del exagregado y jefe de la misión militar en Bolivia ante las autoridades del Ministerio de Defensa,
fue Caliba quien estuvo a cargo del desembarco del personal y el equipamiento de la Gendarmería, mientras que él, junto con el embajador Álvarez García, acompañaron a los familiares para su embarque. Cuando Caliba dijo que estaban listos, todos subieron a un minimicro. El relato le da a Caliba una voz de mando sobre el material y los gendarmes, mientras que el agregado militar se muestra como parte de la comitiva.
Para el gobierno nacional, Caliba buscó encubrir la entrega del material represivo que ya se había realizado cuatro días antes, cuando el Hércules argentino rozó suelo boliviano. Hay elementos para sostener esa hipótesis. La carta que se encontró en la embajada argentina firmada por el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Jorge Gonzalo Terceros Lara está fechada el 13 de noviembre de 2019.
Allí Terceros Lara agradeció la entrega de 40.000 balas antitumulto. E
l ministro Del Castillo también le dijo a Página/12 que se había encontrado un inventario hecho por mayores de la Policía de Bolivia en el que se detalla que la fuerza había recibido 26.900 balas de goma. Este inventario también lleva la fecha del 13 de noviembre de 2019. Pese a que pueda haber sido un intento de dar cobertura a sus actos o un nuevo pedido de las fuerzas del golpe, la nota de Caliba a Otero es la primera documentación oficial en la que se plasma el pedido de pertrechos de la Policía de Bolivia.
"En términos documentales el contrabando de armas esta probado, ahora debemos determinar quienes fueron los ideólogos y responsables", señaló el viceministro de Justicia Martín Mena, en diálogo con Radio 10. "La gravedad es mayúscula, las máximas autoridades de ese momento, engañaron a los organismos de control de nuestro país", agregó.
Desde la AFIP informaron que la Aduana se presentará como querellante en la causa que está a cargo del juez Javier López Biscayart y el fiscal Claudio Navas Rial. El juez ya rechazó la pretensión de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado, de ser querellante,
pero en el caso de Aduana todo indica que le dará lugar ya que se investiga contrabando agravado
