En la declaración final de la cumbre G20, que se lleva a cabo en Indonesia y de la que participa el presidente Alberto Fernánez,
los líderes de los países miembros solicitaron la revisión de la política de sobrecargos del Fondo Monetario Internacional (FMI) en apoyo al planteo que el Gobierno argentino.
El documento señala en su punto 33 que los mandatarios firmantes están
"comprometidos a apoyar a todos los países vulnerables para que se recuperen juntos y más fuertes" y destaca "los compromisos por un monto de u$s81.600 millones a través de la canalización voluntaria de Derechos Especiales de Giro (DEG) o contribuciones equivalentes", exhortando así al compromiso de todos los países capaces de cumplir la ambición global total de u$s100.000 millones de contribuciones voluntarias para los países en desarrollo.
Además, resaltan la puesta en funcionamiento del Resilience and Sustainability Trust (RST)- una línea de crédito del FMI con términos de devolución a 20 años- destinado a ayudar a los "países de bajos ingresos, los pequeños Estados y los países vulnerables de ingresos medios" a abordar los desafíos estructurales a largo plazo que plantean riesgos macroeconómicos, incluidos los derivados de las pandemias y el cambio climático.
En esa línea, se pidieron compromisos adicionales y contribuciones oportunas al RST y al Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT), a fin de satisfacer las necesidades de financiamiento.
El pedido de Argentina de revisar los sobrecargos del organismo se muestra hace tiempo en negociaciones bilaterales con el organismo de crédito y en concordancia con la iniciativa planteada por nuestro país en la cumbre de Roma en octubre de 2021.
Desde el Gobierno argentino comunicaron que sigue firme su "compromiso para evitar el hambre de los más vulnerables, utilizando todas las herramientas disponibles para hacer frente a la crisis alimentaria mundial. A ello se suma promover un comercio agrícola abierto, transparente, inclusivo, predecible y no discriminatorio; en especial, señala la necesidad de actualizar las reglas multilaterales de comercio agrícolas, facilitar el flujo de los bienes agrícolas, y disminuir sus distorsiones".
Según indicaron desde la Presidencia, buscarán "tomar acciones coordinadas para hacer frente a los retos de seguridad alimentaria, incluyendo la suba de los precios y el déficit global de materias primas y fertilizantes".
