La jueza federal
María Eugenia Capuchetti rechazó este lunes el pedido del fiscal Carlos Rívolo para que se secuestrara el o los teléfonos móviles que utilizó el diputado Gerardo Milman durante los últimos meses, en el marco de la investigación por el atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner.
La medida había sido solicitada luego de que
Ivana Bohdziewicz, ex secretaria de Milman, relatara que tanto ella como su compañera investigada habían ido en noviembre a un oficina que le atribuyó a la precandidata presidencial del PRO, Patricia Bullrich, donde habrían sido manipulados sus celulares por un perito informático.
Sin embargo,
Capuchetti admitió el pedido del fiscal para que se extraigan todos los datos que puedan recuperarse de los teléfonos de Bohdziewicz, según consignó Télam. La declaración de la joven se produjo el viernes pasado, cuando la exsecretaria se presentó espontáneamente en los tribunales federales de Comodoro Py y pidió ampliar su declaración testimonial porque dijo que se sentía presionada por Gómez Mónaco, que se había enterado de su voluntad de volver a prestar testimonio.
La ex asesora de Milman es testigo, junto con su par
Carolina Gómez Mónaco, de la denominada “pista Milman”: ambas acompañaban el 30 de agosto pasado, dos días antes del intento de magnicidio a la Vicepresidenta, al diputado de JxC cuando él habría pronunciado la frase "cuando la maten voy a estar camino a la Costa", según declaró el testigo Jorge Abello, asesor de un diputado del Frente de Todos (FdT).
Capuchetti recordó en su fallo que Milman no se encuentra imputado en la causa del atentado por lo que resolvió no hacer lugar "a la medida de secuestro del celular del Diputado Nacional", según surge de la resolución a la que tuvo acceso Télam.
La jueza sostuvo que para avanzar con medidas como la del secuestro debería "efectuarse mediante una solicitud formulada ante la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara, por la posible comisión de un ilícito penal en cabeza del legislador".
Y agregó: "Imputación que tampoco surge del dictamen del Ministerio Público Fiscal (MPF) que en su última intervención razonó, ´hasta aquí el nombrado no reviste en estos actuados la calidad de imputado”.
