En medio de un proceso donde la agenda pasa por la economía y el dólar a menos de dos semanas de las elecciones generales presidenciales,
un tema determinante como el desempeño de la Corte Suprema y su eventual destitución avanza en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.
Es así que
el oficialismo en la comisión de la Cámara baja empieza este miércoles a formular cargos contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia por las causales de los fallos del 2x1 en favor de represores, del Consejo de la Magistratura y de coparticipación que benefició a la ciudad de Buenos Aires pero principalmente al PRO, tras considerar que la etapa de investigación por mal desempeño contra los magistrados ya está concluida.
La presidenta de la comisión,
Carolina Gaillard (Frente de Todos, FdT), convocó para las 15 a los diputados que integran ese cuerpo parlamentario para poner a disposición de los legisladores el informe con las principales causales del juicio político a los miembros del máximo tribunal.
Además, para la reunión de la comisión de hoy están convocados nuevos testigos, para continuar con la hipótesis de “abuso de poder” centrado en
Carlos Rosenkrantz, así como invitados solicitados por la Coalición Cívica (CC), que tiene un pedido presentado únicamente contra
Ricardo Lorenzetti.
Los testigos serán Héctor Marchi, exadministrador de la Corte y hombre cercano a Lorenzetti -quien ya estuvo previamente en la comisión-; Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, y Gustavo Francisco Tita y Adrián Walter Miretti.
Tras aprobar el informe en la comisión -donde el oficialismo tiene mayoría- se dará traslado a los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti para que tengan la posibilidad de hacer su descargo, si así lo decidieran.
La necesidad de avanzar en la elaboración del informe fue planteada la semana pasada por el diputado oficialista
Rodolfo Tailhade, tras lo cual el FdT lo puso a votación en la última reunión, donde logró imponer su mayoría para avanzar en la elaboración de esos cargos por las causales que el cuerpo parlamentario investiga desde el pasado 26 de enero.
En esa reunión, Gaillard sostuvo que la intención de la comisión es “ir concluyendo cada una de las investigaciones y si ya están todas las constancias probatorias darles la posibilidad a los jueces, según lo establece el artículo 13 del reglamento interno, de que puedan presentar el oportuno descargo”.
La propuesta de Tailhade fue planteada tras haber agotado la etapa sumarial de acumulación de pruebas por los cuales se investiga el accionar de los supremos en los casos del fallo 2x1 que benefició a un represor de la dictadura militar, el que ordenó restituir fondos de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires y el que volvió a reformar el Consejo de la Magistratura.
También está la acusación por manejo supuestamente irregular de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación. Sobre el tema de connivencia entre la Corte Suprema y el Gobierno porteño, tal como informó la agencia Télam, el oficialismo sostiene que esa situación se comprueba con los chats filtrados entre el Director General de la vocalía de Rosatti, Silvio Robles, y el exministro de Justicia y Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta, Marcelo D'Alessandro, realizados el 9 de noviembre de 2022, y el fallo que al mes siguiente, el 21 de diciembre, dictamina la medida cautelar a favor de la Ciudad.
De esta manera, en la reunión de este miércoles los diputados expondrán los cargos contra los magistrados y se les correrá traslado para que puedan hacer su descargo, aunque podrían no utilizar ese mecanismo.
En el caso de Maqueda y la obra social de los judiciales, el ministro de la Corte, si bien había sido citado, no respondió ni hizo uso de la posibilidad de descargo.
Otras de las cuestiones a resolverse es el pedido de juicio político presentado años atrás por la extitular de la Coalición Cívica Elisa Carrió contra el juez Ricardo Lorenzetti por abuso de poder, ya que el bloque de la CC pidió una prórroga de tiempo para ampliar las causales y la lista de testigos.
De todos modos, Carrió realizó distintas presentaciones de juicio político contra Lorenzetti durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y también en la presidencia de Mauricio Macri. Sin embargo, ninguna de esas iniciativas prosperó en el Congreso.
Por todas estas causales, el oficialismo, con la oposición en contra en cada una de las audiencias y los más de 50 testigos citados, avanza ahora en pulir la elaboración de ese informe que los diputados podrán analizar antes de emitir un documento definitivo, para ser puesto en consideración en el recinto.
