
Con la reforma laboral ya reglamentada, el Gobierno puso en marcha una de las transformaciones más ambiciosas del mercado de trabajo desde la llegada de Javier Milei al poder: la revisión de cerca de 800 convenios colectivos que regulan las condiciones laborales de millones de trabajadores en todo el país.
La iniciativa se apoya en la eliminación de la ultraactividad, el principio jurídico que mantenía vigentes los convenios colectivos hasta la firma de uno nuevo. A partir de esta modificación, la Secretaría de Trabajo comenzó a enviar notificaciones a empresas y sindicatos para acelerar la renegociación de los acuerdos que regulan distintas actividades económicas. Aunque en el oficialismo evitan fijar plazos concretos, reconocen que existe una fuerte intención de avanzar rápidamente en la adecuación de los convenios al nuevo marco normativo y promover una actualización integral de las relaciones laborales.
La primera etapa de esta revisión alcanza a algunos de los sectores con mayor peso económico y capacidad de movilización sindical. Entre ellos figuran Aceiteros, Bancarios, Camioneros, Construcción, Alimentación, Sanidad, Gastronómicos y el sector Aeronáutico, tanto pilotos como personal privado. La lista también incluye a actividades estratégicas vinculadas a la logística y la energía, como Ferroviarios, Petroleros, Marítimos, Portuarios y Estaciones de Servicio. A su vez, la iniciativa abarca a gremios de la industria lechera, textiles, químicos, plásticos, seguridad privada, entidades deportivas, futbolistas profesionales y trabajadores de prensa y televisión.
La decisión encendió alarmas dentro de la CGT, donde distintos sectores interpretan la medida como una vía indirecta para avanzar sobre derechos laborales históricos. En la central obrera consideran que la renegociación masiva podría convertirse en una herramienta para modificar jornadas laborales, redefinir categorías profesionales y flexibilizar condiciones de trabajo consolidadas desde hace décadas.
Sin embargo, no todos los sindicatos comparten esa postura. Algunos gremios cercanos a la conducción cegetista se mostraron dispuestos a participar de la discusión impulsada por el Gobierno. Es el caso del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio (SOESGyPE), liderado por Carlos Acuña, que anunció su voluntad de abrir el debate, aunque con una estrategia propia. "Hace mucho tiempo venimos planteando la necesidad de actualizar convenios y la respuesta empresarial siempre fue sostener los vigentes. Ojalá esta instancia permita discutir cuestiones que quedaron pendientes", señalaron desde el sindicato, que responde políticamente a Luis Barrionuevo.
La ofensiva oficial abre así un nuevo frente de disputa con el movimiento obrero. Mientras el Gobierno la presenta como una modernización necesaria del mundo del trabajo, los gremios advierten que detrás de la revisión de cientos de convenios podría esconderse un proceso de flexibilización laboral a gran escala.