La familia de
Pablo Grillo, junto con los abogados que intervienen en la causa, denunció un presunto encubrimiento por parte del Estado al advertir que
la Policía Federal Argentina entregó transcripciones incompletas de las comunicaciones del operativo del 12 de marzo de 2025. Según advierten, falta el registro correspondiente al momento en que el gendarme
Héctor Jesús Guerrero disparó la granada de gas lacrimógeno que impactó en la cabeza del fotógrafo durante la marcha en defensa de los jubilados frente al Congreso.
La presentación surgió luego de que la querella solicitara las desgrabaciones de las comunicaciones mantenidas entre las fuerzas de seguridad durante el procedimiento. Aunque la Policía Federal remitió unas 600 páginas de documentación, los representantes de Grillo sostuvieron que el material omite la franja horaria comprendida entre las 17 y las 17.59, precisamente cuando ocurrió el ataque que dejó al reportero gráfico con graves lesiones.
"Justo pero justo falta una hora, la que va entre las 17 y las 17.59. O sea, la hora en la que justo el gendarme Héctor Jesús Guerrero le metió una granada en la cabeza a Pablo Grillo", escribió la abogada Claudia Cesaroni en su cuenta de X. La letrada aseguró que inicialmente creyó que se trataba de un error, aunque luego corroboró la ausencia de esa información y cuestionó el faltante al considerar que no podía atribuirse a una simple equivocación.
En un comunicado, la familia del fotógrafo sostuvo que el "dolor inmenso" que atraviesa desde el ataque se ve ahora agravado por "la mentira, la opacidad y el encubrimiento por parte del Estado". Además, remarcó que en una fuerza federal "un error de esta magnitud no es casualidad".
Posteriormente, el padre de Pablo, Fabián Grillo, aclaró que la responsabilidad por la entrega de esa documentación corresponde a la Policía Federal, ya que era la fuerza encargada de la modulación y coordinación del operativo de seguridad de aquella jornada. En declaraciones radiales insistió en que las comunicaciones de esa hora resultan fundamentales para reconstruir lo sucedido y avanzar sobre las responsabilidades de quienes impartieron las órdenes.
Grillo también recordó que desde el inicio de la investigación la querella reclama el acceso a las grabaciones de las cámaras que los efectivos de Gendarmería llevaban en sus cascos, material que, según la fuerza, no pudo recuperarse porque los dispositivos no funcionaban. Para la familia, tanto esas imágenes como las comunicaciones faltantes son pruebas centrales para reconstruir la cadena de mando y determinar si el gendarme Guerrero actuó siguiendo instrucciones superiores.
Mientras Pablo Grillo continúa con su recuperación, sus familiares reiteraron el pedido de que la investigación avance con acceso a toda la evidencia disponible. "Confiamos en que la verdad saldrá a la luz. El que nada teme, nada oculta", señalaron al cierre del comunicado.