La Secretaría de Energía modificó el mecanismo de
actualización de las tarifas de gas a partir de agosto mediante la Resolución 167/2026, que cambia la forma en que las distribuidoras trasladan a los usuarios las diferencias entre el precio del gas previsto inicialmente y el valor que finalmente pagan a los productores. El nuevo esquema dejará atrás los ajustes estacionales y realizará correcciones con mayor frecuencia.
El cambio alcanza a la denominada Diferencia Diaria Acumulada (DDA), un ajuste que hasta ahora se aplicaba dos veces al año, durante los períodos de verano e invierno, y que
desde los próximos cuadros tarifarios comenzará a incorporarse en las facturas cada dos meses. La modificación no establece un aumento uniforme para todos los usuarios, sino que dependerá de las diferencias registradas en cada período.
Lo que cambia en las facturas
Según argumenta el documento oficial, el nuevo esquema buscaría evitar que las diferencias entre el precio estimado del gas y el costo real pagado por las distribuidoras se acumulen durante varios meses y luego impacten con correcciones más fuertes en las boletas. La resolución oficial establece que dicha medida permitirá "asegurar el abastecimiento de la demanda de servicio completo de las prestadoras del servicio de distribución".
La norma sostiene que el sistema anterior generaba un "doble efecto estacional", ya que durante el invierno coincidían mayores costos para las empresas y un incremento del consumo, lo que terminaba acumulando ajustes posteriores. Con la modificación, las correcciones se incorporarán con mayor frecuencia y en montos potencialmente menores, mientras el ENARGAS deberá adecuar los procedimientos tarifarios para aplicar el nuevo mecanismo desde agosto.
La DDA surge de la diferencia entre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), trasladado a la tarifa residencial, y el valor que efectivamente pagan las distribuidoras a los productores. La legislación vigente establece que esas variaciones deben trasladarse a los usuarios para evitar beneficios o pérdidas para las empresas prestadoras.