13.08.2026 / REPUDIO
El proyecto de falsas denuncias de Losada suma rechazo a nivel internacional
La iniciativa que endurece las penas por denuncias falsas, impulsada por la senadora radical, ya había sido cuestionada por organizaciones feministas y ahora también recibió objeciones de la ONU y la OEA.
El proyecto de falsas denuncias por violencia de género impulsado por la senadora radical Carolina Losada no solo cosecha críticas locales, sino que además despertó el rechazo de organismos internacionales por considerarlo un retroceso en materia de derechos de las mujeres. El Comité de Expertas de la OEA encargado de prevenir la violencia contra la mujer en el continente advirtió que, de aprobarse la iniciativa, la Argentina violaría tratados internacionales.
La ley, que cuenta con el respaldo de Javier Milei, busca endurecer las penas para los delitos de denuncias falsas y falso testimonio, y lleva meses esperando su turno en el temario del Senado que maneja Patricia Bullrich. Para intentar destrabarla, Losada negoció modificaciones con los bloques aliados: eliminó las referencias explícitas a la violencia de género, pero amplió el endurecimiento de penas a todos los "delitos dolosos graves" o con víctimas "vulnerables" y sumó un agravante de hasta seis años de prisión para las denuncias que deriven en restricciones de derechos patrimoniales o familiares.
Ante ese panorama, organizaciones como ELA, CELS e INECIP cuestionaron el proyecto en un documento conjunto, en el que remarcaron una contradicción central: "En caso de aprobarse esta reforma se daría la paradoja de que tendríamos penas más severas para las falsas denuncias y falsos testimonios que las contempladas actualmente para el delito de abuso sexual, que está penado con prisión de 6 meses a 4 años". Las mismas entidades señalaron además que la iniciativa "habilita márgenes amplios de discrecionalidad judicial" para atender un fenómeno que, según datos oficiales, representa apenas el 0,09% de las causas penales.
El Comité de Expertas del MESECVI, bajo la órbita de la OEA, se sumó al repudio. "La sanción de la ley constituiría una violación de las obligaciones asumidas por el Estado en virtud de la Convención de Belém do Pará y podría comprometer su responsabilidad internacional", advirtió.
Antes había sido la ONU la que expresó su preocupación: en junio, el Grupo de Trabajo sobre discriminación contra las mujeres y las niñas alertó que la reforma podía reforzar estereotipos sobre la supuesta deshonestidad de las mujeres y desalentar tanto a las víctimas como a testigos y profesionales de la salud a la hora de denunciar.
A comienzos de año, el Comité CEDAW de Naciones Unidas ya había hecho una mención especial al proyecto en su evaluación sobre la Argentina y pidió directamente al Estado que lo retirara por considerar que generaría "obstáculos" para el acceso a la justicia de mujeres y niñas.
El proyecto, conocido como Ley Guacci por Andrea Guacci -esposa del entrenador de la Selección femenina denunciado por abuso y acoso sexual por cinco jugadoras ante la FIFA en 2021-, había captado el rechazo previo de organizaciones de abogadas especializadas en violencia de género, que advirtieron sobre el riesgo de desalentar denuncias en un tipo de delito ya de por sí subregistrado.
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