Córdoba: los hombres que "Cañito" Flores designó en cargos públicos pese a tener denuncias en su contra

 

La causa que salpicó al legislador cordobés cercano a Martín Llaryora, Ramón “Cañito” Flores, arrastra una red de irregularidades que va desde designaciones a figuras con denuncias e incluso condenas en su contra -algunas por abuso sexual y encubrimiento-, hasta asesores y colaboradores que optaron por mantener silencio mientras se consolidaba una estructura de poder en el norte provincial.

En las últimas semanas, la causa por explotación sexual y grooming de adolescentes derivó en que Flores pidiera una licencia por 180 días en la Legislatura, a raíz del vínculo que mantenía con Villarreal y por haber contribuido a que este obtenga un cargo público. Si bien no está imputado en el expediente, el legislador llaryorista quedó por encubrimiento de las denuncias previas contra su asesor y por haberle habilitado un asiento en la Legislatura pese a dichos antecedentes.

Los hombres de Flores

Uno de los principales nombres es José Villarreal, detenido por la causa que investiga abusos y grooming de adolescentes en Villa de María de Río Seco. Villarreal era asesor de Flores en la Legislatura y, en paralelo, trabajaba en emprendimientos privados del legislador. Este ya arrastraba una denuncia de 2020 que resultó en una imputación en 2021 bajo la carátula de abuso sexual con acceso carnal agravado y reducción a la servidumbre contra una mujer.

Ese expediente permaneció durante años en la comisaría de Villa de María del Río Seco sin llegar a la Fiscalía de Deán Funes, hasta que fue detectado durante la revisión de antecedentes de los detenidos en la causa actual.

Otro de los dirigentes que pasó por la estructura de Flores es Ariel Rodríguez, destacado puntero político del legislador. Había sido investigado y condenado por utilizar vehículos y maquinaria de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), donde trabajaba, para una instalación en un campo y por delitos vinculados con la usurpación y el peculado. Pese a ese antecedente, Flores lo incorporó a la estructura municipal y en junio de 2023 lo dejó en planta permanente como jefe de sección, antes de finalizar su segundo mandato como intendente. Luego de asumir como legislador, volvió a incorporarlo a su armado.

También aparece Mario Giraudo, quien durante un período fue uno de los hombres de mayor confianza de Flores y llegó a la Legislatura como asesor y socio del dirigente. Giraudo había sido condenado a dos años de prisión condicional por encubrir un abuso sexual cometido por Octavio López, quien recibió una pena de diez años por abusar de un adolescente de 16 años. El fallo contra Giraudo fue apelado.

Asimismo, durante un breve período actuó como abogado defensor de Villarreal en la causa actual, aunque posteriormente dejó esa representación.

La estructura se extiende a otros dirigentes del departamento. José Héctor Villegas, quien durante 24 años estuvo al frente de la comuna de Puesto de Castro, fue imputado en 2023 por la fiscal Analía Cepede por explotación de trabajo infantil y abuso deshonesto, imputación que fue confirmada en 2025 por el Juzgado de Control de Deán Funes. Pese a ello, continuaba figurando como asesor del bloque del Partido Justicialista en el sitio oficial de la Legislatura cuando el caso tomó estado público.

La investigación actual también puso en discusión qué ocurrió con las advertencias que existían alrededor de Villarreal. Julio Camaño, dirigente radical de la zona norte que seguía de cerca la actividad política de Flores, aseguró que conocía el maltrato que sufría una niña que vivía con la familia Villarreal y sostuvo que “nadie decía nada, nadie se animaba a hablar”. En paralelo, la fiscalía revisa por qué la denuncia que había llegado a la Policía en 2020 no avanzó durante años y por qué el expediente de 2021 quedó retenido en una comisaría pese a existir una imputación formal.

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