Presentaron una demanda para frenar un proyecto petrolero británico-israelí en Malvinas

La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) acudieron a la Justicia para frenar el proyecto petrolero Sea Lion o “León Marino”, que las empresas Rockhopper Exploration, de origen británico, y Navitas Petroleum, de capitales israelíes, proyectan desarrollar en la Cuenca Malvinas Norte. 

La acción fue presentada ante el Juzgado Federal de Río Grande y reclama la suspensión inmediata de las obras, perforaciones y movimientos del lecho marino.

Además, las organizaciones solicitaron que se detengan las operaciones financieras vinculadas con el proyecto y que se disponga un embargo preventivo por 156.432.000 dólares sobre bienes y activos de las compañías

El planteo sostiene que el proyecto pretende avanzar sobre la plataforma continental argentina, aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, y que las empresas no realizaron ante el Estado argentino el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ni las presentaciones necesarias para explorar o explotar hidrocarburos.

“Las autorizaciones emitidas por la administración colonial británica no sustituyen el cumplimiento de las leyes argentinas”, sostienen los impulsores de la acción.

El plan de las corporaciones contempla la extracción de más de 1300 millones de barriles de crudo, en lo que los demandantes catalogan como una agresión ecológica y flagrante violación a la soberanía nacional. León Marino se encuentra sobre la plataforma continental argentina, aproximadamente 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, en los bloques identificados por las empresas como PL032 y PL004b.

Según la presentación, el proyecto contempla en sus primeras dos etapas 23 pozos submarinos: 16 productores de petróleo, seis de inyección de agua y uno de inyección de gas. También prevé cañerías, equipos instalados sobre el lecho marino y una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga.

La petrolera Navitas proyecta comenzar la producción en 2028 y mantenerla durante más de 30 años. De acuerdo con la información incorporada por los denunciantes, durante 2026 comenzaron trabajos sobre el muelle y la base terrestre, mientras que la perforación está prevista para comienzos de 2027.

Para AAdeAA y el CECIM, el problema no es solamente ambiental sino también de soberanía. “La soberanía también implica la capacidad de proteger los territorios, controlar las actividades extractivas y prevenir daños”, plantearon y advirtieron que el avance del proyecto “priva al Estado argentino y a la sociedad de la posibilidad de conocer, evaluar y decidir” sobre una explotación de recursos naturales en la plataforma continental argentina.

En enero de 2026, AAdeAA ya presentó pedidos de acceso a la información pública ante la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio de Economía. Las respuestas oficiales confirmaron un dato central: Rockhopper y Navitas no realizaron las presentaciones obligatorias para explorar o explotar hidrocarburos. Tampoco iniciaron un procedimiento de evaluación de impacto ambiental ante el Estado argentino.

Las organizaciones sostienen que las obras pueden generar impactos sobre los ecosistemas del Mar Argentino y las Islas del Atlántico Sur. Mencionan, entre otros riesgos, perforaciones, movimientos del lecho marino, tránsito permanente de embarcaciones, ruido submarino, utilización de sustancias químicas y eventuales derrames.

La presentación advierte que los efectos podrían extenderse a través de las corrientes marinas y alcanzar zonas utilizadas para alimentación, reproducción y migración de distintas especies. “Una vez producidos, muchos de los daños sobre los ecosistemas marinos pueden resultar irreversibles o extremadamente difíciles de reparar”, señalaron para justificar la necesidad de una intervención judicial.

La acción judicial cuestiona además los antecedentes de las dos compañías en Argentina. Según AAdeAA y el CECIM, Rockhopper fue declarada clandestina en 2012 por desarrollar actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental sin autorización nacional y en 2013 fue inhabilitada durante 20 años para operar en el país. En el caso de Navitas, sostienen que recibió sanciones equivalentes en 2022. Rockhopper conserva, de acuerdo con la presentación, el 35% del proyecto, mientras que Navitas controla el 65%.

Las organizaciones también reclaman que las empresas identifiquen a los bancos, fondos de inversión, aseguradoras y demás actores que financian la explotación.

El planteo de soberanía
El escrito invoca la Primera Disposición Transitoria de la Constitución Nacional, que ratifica la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.

También cita la Resolución 31/49 de la Asamblea General de Naciones Unidas y sostiene que el desarrollo del proyecto constituye una modificación unilateral sobre un territorio cuya soberanía se encuentra en disputa.

En ese sentido, los impulsores de la demanda resumieron su postura con una definición contundente: “El petróleo aparece como una nueva forma del viejo despojo”.

Ahora será la Justicia Federal de Río Grande la que deberá analizar los pedidos formulados: la suspensión de las obras, el freno de las operaciones financieras y el embargo preventivo por más de 156 millones de dólares contra las empresas involucradas.

El pedido a la justicia
En concreto, la medida cautelar solicita suspender las obras, perforaciones y movimientos del lecho marino. También impedir nuevos contratos, desembolsos, transferencias o garantías destinados al proyecto.

De esta manera, se busca detener el riesgo ambiental y soberano antes del daño, y la modificación unilateral antes del hecho consumado.

Del mismo modo, solicitan informar la causa a los organismos de control financiero y a los mercados donde operan las empresas. Que las compañías identifiquen bancos, fondos, aseguradoras y demás actores que sostienen la explotación. “El dinero deja huellas. Quienes financian una actividad ilegal no pueden permanecer detrás de la niebla corporativa”, sostienen en la presentación judicial.

Para ello, requieren que las licencias de la administración colonial británica sean declaradas inoponibles a la República Argentina.

---

---