11.09.2026 / ESTRATEGIA
Quirno y Presti desembarcan en Ushuaia para impulsar la obra de la Base Naval Integrada
El Gobierno busca avanzar con el proyecto estratégico para el Atlántico Sur y la Antártida, mientras prepara nuevas medidas contra empresas que operan sin autorización argentina en las Islas Malvinas. La próxima parada es Ushuaia, donde Carlos Presti y Pablo Quirno serán recibidos por el gobernador fueguino.
El Gobierno avanza con las medidas anunciadas la semana pasada en torno a las Islas Malvinas. Este viernes enviará al canciller Pablo Quirno y al ministro de Defensa Carlos Presti a Tierra del Fuego para recorrer el predio de la futura Base Naval Integrada de Ushuaia y acelerar la gestión de una obra que demandará entre USD 400 y USD 500 millones.
La comitiva partirá a las 6:30 desde el Aeropuerto Militar de Aeroparque rumbo a Ushuaia y, al llegar, los funcionarios mantendrán un encuentro con el gobernador Gustavo Melella. Luego se trasladarán al predio de la base, donde recibirán una exposición sobre la estrategia argentina en el Atlántico Sur, Malvinas y la proyección hacia la Antártida.
La obra, iniciada en 2022 y pausada durante el primer año de la gestión libertaria, apunta a convertir a Tierra del Fuego en un polo logístico para el Atlántico Sur y el continente antártico. Según explicó el vocero presidencial Adrián Ravier, “Esta base no tiene un carácter bélico, sino que funcionará como el polo logístico más importante del Atlántico Sur y servirá de apoyo operativo y científico para nuestra proyección geopolítica hacia la Antártida”.
El proyecto ya cuenta con una reasignación presupuestaria de USD 142 millones, aunque esa partida representa cerca del 30% del costo total estimado. El Ejecutivo todavía debe definir cómo financiará el resto de la obra y una parte de esos recursos podría quedar contemplada en el Presupuesto 2027, que será presentado la próxima semana.
La visita de Quirno y Presti coincide con el avance de una nueva Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que el Gobierno prevé presentar en Diputados. La iniciativa busca endurecer las sanciones para empresas y proveedores que desarrollen actividades sin autorización en las islas y contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional integrado por Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía.
En ese marco, el Gobierno también anunció sanciones contra otras 15 empresas internacionales y sumó esas medidas a las notificaciones enviadas durante el fin de semana contra 45 personas y entidades. La ofensiva se complementó con una denuncia penal presentada por Quirno y el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, contra compañías vinculadas con actividades extractivas en el archipiélago.
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